Es una propuesta del oficialismo que será analizada por los concejales luego de aprobarse el presupuesto 2010. Se estima un ingreso de entre dos y tres millones de pesos anuales.
Esta propuesta será estudiada por el resto de las bancadas luego de que se apruebe, a principios de abril, la ordenanza fiscal e impositiva 2010, que ya contiene aumentos en ABL, Seguridad e Higiene y en las tasas modulares.
Específicamente, se incorporaría a la ordenanza impositiva el inciso 18 al artículo 52, con el siguiente texto:
"Por la adquisición de cada litro de combustible líquido en el partido de Bahía Blanca: 0,0015 módulos. Por la adquisición de cada metro cúbico de combustible gaseoso en el partido de Bahía Blanca: 0,0007 módulos".
También se deja constancia de que la recaudación será afectada íntegramente al fondo creado para el desarrollo, reparación y conservación de la red vial municipal, denominado Fodevi.
"El tributo que se implementa significa, a valores de hoy, un costo de 3,6 centavos por litro de nafta o gasoil y de 1,7
centavos por metro cúbico de gas. El impacto en un automovilista que consume 70 litros mensuales --uso urbano medio-- será de 2,50 pesos por mes, apenas el costo de medio paquete de cigarrillos", resaltó el concejal que adhiere al gobierno de Cristian Breitenstein.
De acuerdo con el parque automotor existente, estimó un ingreso de entre dos y tres millones de pesos anuales.
Este fondo, además, se conformará con el recupero de las obras realizadas, créditos de organismos provinciales, nacionales o internacionales, aportes del tesoro municipal, provincial y nacional, donaciones y transferencias, entre otras fuentes.
La administración del fondo estará a cargo del Ejecutivo municipal con intervención del Concejo Deliberante. También se plantea la creación de una comisión de administración, que estará integrada por cuatro representantes del Ejecutivo y cuatro del CD.
Usabiaga señaló que en la reglamentación se establecerán las pautas de su funcionamiento inicial y su futuro reglamento.
Elección de obras
Usabiaga dijo que la asignación de los fondos a nuevas obras de pavimento o a la reparación y conservación de pavimentos existentes, será definida anualmente, en el marco del programa municipal de participación ciudadana.
La idea es dividir en zonas la ciudad y establecer un orden de prioridades en los trabajos, de acuerdo con especificidades relevantes y criterios de conveniencia u oportunidad.
No obstante, se prevé la realización de plenarios públicos zonales, a fin de identificar las demandas principales y designar a sus representantes.
"En todo lo posible, se aspirará a asignar fondos suficientes para cubrir, en principio, al menos una obra de cada sector, teniendo en cuenta la importancia fundamental de mantener un adecuado nivel de recupero de la inversión", dijo Usabiaga.
Todas las obras que se realicen con el presente mecanismo serán obras con recupero, pero el Ejecutivo podrá, con autorización del CD, eximir del mismo en casos de notoria utilidad pública de las obras.
Los titulares de estaciones de servicio servirían como agentes de recaudación.
Alcances de la normativa
Para el autor de la ordenanza, la realidad de los presupuestos municipales ha marcado tendencialmente, al menos en los últimos 15 años, una restricción importante en los fondos asignados para obras de pavimentación y repavimentación, a excepción de los mecanismos de consorcios vecinales, mediante contratos frentista-empresa.
"Resulta necesario y urgente establecer mecanismos para la inversión directa en obras de pavimentación. Una idea que ha primado es la de generar un mecanismo por el que la carga del aporte sea uniforme y equitativamente soportada por los propios usuarios del pavimento, es decir, los usuarios de vehículos automotores, antes que por los vecinos frentistas a quienes, en cualquier caso beneficia, siendo que también, en general, ellos son usuarios de ese pavimento", dijo Usabiaga.

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