La norma establece que quienes generen más de 1000 kilos de residuos al mes se hagan cargo de los gastos del transporte y la disposición final de estos desechos.

Según dijo al impulsora del proyecto, la senadora bonaerense Viviana Arcidiácono, la normativa busca “minimizar el impacto ambiental de la disposición final”, de esta forma deberán: Comprometer a los generadores privados en la gestión integral de residuos, establecer programas de reutilización y reciclado de materiales y distribuir de un modo más equitativo la carga económica respecto de la gestión, transporte y disposición final.

La legisladora de Lomas de Zamora explicó que este proyecto “tiene impacto sobre quienes producen más del 60 por ciento de los residuos que se depositan en el Ceamse, a quienes se obligará a pagar por el transporte y la disposición final, con el objeto de que sean ellos quienes implementen políticas de separación de residuos, en el marco de la responsabilidad social empresaria”.

“Esta cuestión tiene un impacto decisivo sobre las finanzas de los municipios y sobre la cantidad de material que se desecha, aumentando la vida útil de los actuales rellenos”, destacó Arcidiácono, quien agregó que el proyecto “redundará en beneficio de los residuos domiciliarios”.