Jorge Sorensen, el dueño de Grababus SRL –la compañía que en cuestión de horas consiguió y perdió el negocio del grabado de autopartes en Córdoba– es un viejo conocido.

Entre 1999 y 2008 tuvo la concesión exclusiva del grabado de cristales en los puestos de verificación policial de Capital e interior, pero su vínculo fue cortado luego de una auditoría de la División de Recaudación Policial que determinó que utilizaba mano de obra policial para hacer la tarea y no cumplía con la única contraprestación que exigía su contrato: hacer mejoras edilicias y aportar al mantenimiento de los puestos.

Un vocero que habló por el exjefe de Policía Alejo Paredes –quien no quiso hacer declaraciones, pero accedió a dar información porque fue autor de la rescisión– confirmó a Día a Día el “primer” corte de servicios a Sorensen, con las motivaciones aquí citadas. Y negó que el empresario haya participado del proyecto de ley que derivó en la obligatoriedad del grabado de autopartes, iniciativa enviada durante la gestión de Paredes a la Legislatura.

El informe de Recaudación Policial, a cargo del retirado comisario mayor Edgar Robledo, señalaba como irregularidades del contrato de Sorensen que todo el dinero del grabado de cristales iba a sus bolsillos, a pesar de que utilizaba las dependencias y la mano de obra de la Policía. Su único aporte eran las máquinas (nada sofisticadas) que hacían el enarenado. 

Tras la salida de Sorensen, la propia Policía comenzó a hacer los grabados, a la vez que se liberó el mercado y aparecieron varios comercios en los alrededores de los puestos de verificación que hacen el trabajo (ver aparte).

Una carta documento bastó para rescindir el vínculo: el contrato original ya estaba vencido.

El legislador Rodrigo de Loredo denunció que el pliego de licitación para el grabado de vehículos fue diseñado a medida de las empresas de Sorensen, puesto que en el punto I. 1.6 del Anexo I establece que “serán expresamente excluidas las empresas que no acrediten antecedentes en la actividad y demuestren experiencia en el grabado de autopartes de automóviles y motovehículos”. Gisp, la competidora de Grababus, no podía acreditar un antecedente: todos los servicios de este tipo son prestados en el país (Capital, Mendoza, Chubut hasta 2012) por empresas de los Sorensen.

Desde el entorno de Paredes confiaron que en el proyecto del Ministerio se aconsejaba la compra de las máquinas para que sea el mismo personal de los puestos el encargado de hacer los grabados, algo que hubiese reducido los costos para el ciudadano a la vez que generaba algún ingreso para soportar gastos de la Policía. Así, niegan haber acordado el proyecto con Sorensen, quien a pesar de insistentes gestiones no atendió a Día a Día.