El intendente de Bariloche presentó nuevas demandas por daño moral que derivaron en allanamientos a radios de la ciudad. Desde distintos sectores políticos repudiaron su actitud.
El último episodio ocurrió el viernes pasado, cuando la FM Horizonte tuvo que interrumpir su transmisión ante la irrupción de funcionarios judiciales y un representante legal del jefe comunal, quienes buscaban audios relacionados con declaraciones que Goye consideró perjudiciales para su "buen nombre y honor".
Un hecho similar se había vivido días antes en la radio KMFM y a eso debe sumarse la demanda que el mandatario intentó sin éxito contra "Río Negro", a partir de una columna de opinión donde se señaló su condición de deudor del municipio.
Ayer legisladores y políticos sumaron sus voces para criticar al intendente por sus reiterados ataques a los periodistas y medios de prensa que difunden aspectos críticos de su gestión.
Goye intento defender su accionar y aseguró que "las acciones son a título personal".
"Los derechos de uno terminan donde empiezan los de otros y mucha gente se confunde y cree que por estar en democracia puede decir cualquier cosa de cualquiera", afirmó en declaraciones reproducidas por la agencia ADN.
En tanto, el juez Jorge Serra, quién ordenó una "diligencia preliminar" en FM Horizonte, en el marco de una presentación efectuada por Goye en carácter personal, por derecho propio, aclaró que la misma "tiene por objeto, resguardar la prueba y asegurar a las partes la posibilidad de plantear sus alegaciones en la forma más precisa y eficaz respecto de una demanda judicial que se desea iniciar y para lo cual se carece de algún dato o información que deviene trascendente a ese fin".
"La medida tenía como objetivo recabar el original de una grabación o el registro de dos emisiones radiales, y no implica ningún prejuzgamiento u opinión, respecto de la legitimidad del reclamo del peticionante, la que deberá ser debatida en la oportunidad procesal correspondiente y con todas las garantías procesales para ambas partes", indicó el magistrado. Luego agregó que "de existir en lo sucesivo algún caso similar y si correspondiere, se analizará la procedencia de alguna medida complementaria, para evitar toda duda al respecto o eventuales interferencias al normal desenvolvimiento de las emisoras o cualquier otro medio de prensa".
El repudio a la actitud de Goye llegó desde todo el arco político. El bloque de legisladores de la Alianza Concertación cuestionó el intento por "disciplinar" a medios periodísticos, porque Goye "no acepta otras opiniones que no sean las propias".
El legislador Claudio Lueiro sostuvo que "no debemos acostumbrarnos a este tipo de situaciones" y su par, Beatriz Contreras (FpV-FG) consideró necesario "tener en claro que las diferencias de opinión o de visión respecto de tal o cual situación son cosas que se deben dirimir en el plano de las ideas, y que en el caso del periodismo, esa diversidad es parte necesaria de la Democracia".
"Pretender judicializar cada opinión contraria de parte de los periodistas cae en un absurdo y en un grave atentado contra el Estado de Derecho", puntualizó.
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