El jefe de Gabinete, Pablo González, fue consultado sobre los docentes que están en el ingreso al Yacimiento LH3, ante la notificación del juez Eduardo Quelín que dio un plazo de siete días para que se retiren o actuará Gendarmería para desalojarlos. González dijo que “es un medida que ha dispuesto el juez, por lo que espero que haya racionalidad, que se permita trabajar, porque no hay forma de afrontar los gastos corrientes del Estado provincial si no hay producción”.
Respecto a la solicitada publicada ayer de la Cuenca Carbonífera sobre la situación con la ADOSAC y AMET, recordó que “la provincia ha realizado una oferta que tiene un costo anual de 160 millones, que se ubica por encima por varias jurisdicciones del país que han resuelto el conflicto docente” y continuó “hay una conciliación obligatoria que no está acatada, un fallo judicial que intimó a los dos gremios a acatar la conciliación obligatoria que no ha sido respetada”.
Y puntualizó que “la pauta salarial obedece a una planificación que se hace de manera anual, teniendo en cuenta los ingresos y egresos de la provincia, y es un resorte del Poder Ejecutivo que remite a la Cámara de Diputados, que lo aprueba”, por lo que remarcó que “tenemos expectativas en que se pueda aceptar la conciliación obligatoria, quedan pocos días de los quince, más los cinco días hábiles que prevé la Ley 2450. Es el camino para que las partes dialoguen, se está solicitando tener diálogo y justamente se está desechando un canal de diálogo muy importante que es el ámbito de la conciliación obligatoria, que reiteramos, no excluye para nada el ámbito paritario que establece la Ley 2896”.
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