El gobierno de Tanti quiere recuperar el "control" sobre el servicio de agua potable

A raíz del conflicto suscitado en el seno de la Cooperativa de Tanti, el intendente de esa localidad, Alejandro Pérez Baroni, manifestó ayer que su gobierno solicitará a la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia la "transferencia" de la titularidad del servicio de agua potable. El mandatario, de origen radical, explicó además que la determinación fue tomada "años antes" de que la justicia carlospacense ordenara la detención de Miguel Toscano, titular de la entidad cooperativista que tiene a su cargo la prestación.
Ante diversos medios de prensa, Pérez Baroni defendió la decisión del Departamento Ejecutivo que encabeza y dijo que la finalidad de la disposición es "ejercer un control estricto sobre el funcionamiento de la cooperativa". "En el año 2005 la municipalidad de Tanti hizo un pedido formal ante la Dipas sobre la titularidad del servicio, pero después de idas y venidas la Provincia dictaminó que el titular y el concedente era el gobierno provincial. Lo cual originó que nosotros sigamos insistiendo en esta solicitud, que nada tiene que ver con la situación que se dio con la detención de Miguel Toscano, quien incluso acompañó esta decisión de nuestro gobierno"; manifestó el intendente de la Unión Cívica Radical (UCR).

Reclamos

Asimismo, en otro fragmento de la entrevista concedida, el intendente dijo: "La Provincia esgrime argumentos difíciles de comprender, porque cada vez que estamos por conseguir la titularidad algún revés complica las cosas. Por el momento, nosotros nos limitamos a trasladar los reclamos y las inquietudes de la población hacia la Provincia, quien maneja la situación de la concesión del servicio. No obstante, es importante mencionar que seguiremos con estas gestiones hasta tener una respuesta favorable, que es lo que demanda también la sociedad".

La reactivación de las tramitaciones coincidió con la detención de Toscano y los duros reveses que sufrió la concesionaria en las últimas semanas, vinculados a sanciones por haber aumento el valor del servicio de forma "arbitraria" y sin los permisos correspondientes; las versiones que dan cuenta de adulteración de documentos; las múltiples denuncias por "extorsión" y "coimas" que se encuentran en los Tribunales de Villa Carlos Paz y hasta una posible intervención del Instituto Nacional de Economía Social (INAES) que recaería en los meses próximos sobre la cooperativa.

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