Las razones por las que se tomó dicha determinación son variadas y en todas ellas el Gobierno cumplió con las prescripciones legales respectivas, en tanto que la empresa concesionaria incurrió en diversas causales que generaron la decisión aludida.

Según pudo saberse, habiéndose vencido el plazo acordado oportunamente y pudiéndose prorrogar el mismo por diez años, se tomó la decisión de no renovar ese servicio por cuanto la empresa comenzó a incurrir en atrasos en el pago del canon, circunstancia que, de por sí, constituye causal de rescisión por violación del artículo 33-3-1.

Es importante destacar que se pudo acreditar una alta deuda por dichas razones, sumado al trámite de quiebra de la empresa, todo lo cual suma cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia para tomar la medida señalada. Debe saberse, además, que el canon constituye una renta que se debe rendirse al Estado Provincial y que se suma al resto de los recursos públicos con los cuales la Provincia hace frente a la satisfacción de sus necesidades básicas.

Finalmente, se conoce la creación de una Unidad Administrativa –en el ámbito de la Subsecretaría de Coordinación Legal y Técnica del Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos-, que tendrá la misión de preservar la continuidad de los servicios, como así también las fuentes laborales y el resguardo de los bienes involucrados en la concesión, por el tiempo necesario para que, durante el presente ejercicio financiero, se llame a la licitación correspondiente para la respectiva concesión.