Según el comunicado oficial, generó sorpresa en Petrominera conocer «a través de medios periodísticos afines al empresario Rudy Ulloa y no por autoridades judiciales, que el Juez de Feria Gustavo Toquier habría hecho lugar a un recurso de amparo presentado por la empresa EPSUR S.A. ante la decisión tomada en enero por la Asamblea Extraordinaria del organismo estatal chubutense de rescindir el contrato de concesión otorgado a esa firma por el área Mata Magallanes Oeste ante innumerables incumplimientos legales, técnicos y ambientales».

Petrominera Sociedad del Estado dejó en claro que «en los años de vigencia el contrato de concesión, nunca hubo la inyección de fondos genuinos tendientes a concretar la puesta en marcha del yacimiento, teniendo incluso la empresa «una actitud desaprensiva con respecto al cuidado del medio ambiente» ya que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Chubut realizó «varias inspecciones de las que surgieron inconvenientes que luego de notificados debían ser subsanados por EPSUR, nada de eso ocurrió y por el contrario de a poco se produjo un notable abandono de las instalaciones».

La Secretaría de Trabajo Provincial también realizó inspecciones ante denuncias del personal afectado a la producción. Dicho personal ni siquiera contaba con la ropa adecuada que exige el Convenio Colectivo de Trabajo de Petroleros, y debía cumplir sus funciones en una zona inhóspita y con bajas temperaturas en condiciones inadecuadas. De igual manera, corresponde señalar que EPSUR tampoco asumió sus obligaciones como responsable subsidiario de las relaciones laborales de sus contratistas, negándose a reconocer su obligación de pago de las indemnizaciones finales del personal cesanteado