La feroz disputa por la plata para la campaña publicitaria de las PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias) encontró ayer la paz luego de que el Gobierno provincial y la Unión Cívica Radical llegaran a un acuerdo sobre la cantidad de fondos que el Estado proveerá a todos los partidos políticos para que éstos puedan promocionar a sus precandidatos en radio y televisión.

La cifra final rondará los $28 millones, un monto mucho menor a los $40 millones iniciales que sacaron de quicio a fines de diciembre al gobernador Francisco Pérez, cuando la UCR logró mayoría propia para imponerle ese monto en la media sanción del Presupuesto provincial, que quedó cajoneado a raíz de este conflicto.

La discusión por los $40 millones de las arcas del Estado que la UCR quería y Paco no quería tuvo un altísimo impacto en la política doméstica. No sólo se quedó el gobernador sin pauta de gastos disponible hasta hoy, sino que además el diálogo con la oposición quedó cortado.

En enero, Pérez respondió con otro golpe firmando un decreto reglamentario que suspendía la financiación de la campaña de las PASO con fondos del Estado. La UCR y otros partidos fueron con un planteo de inconstitucionalidad a la Corte de la provincia, la que antes de resolver instó a las partes a evitar el fallo judicial y llegar a un acuerdo.

Y eso fue lo que finalmente ocurrió ayer. El pacto se firmó en la sala de audiencias de la Suprema Corte de Justicia. El Gobierno lo hizo convencido de que si apostaba a que la Corte definiera podría sufrir una implacable derrota en el máximo tribunal. Por su parte, la UCR aceptó sabedora de que si judicializa el conflicto no obtendrá ni los $40 millones ni los $28 millones acordados ni nada, ya que el litigio se puede eternizar más allá de la elección.

El martes se formaliza

El acta firmada ayer fue un documento de compromiso. Con el borrador del proyecto de ley ofrecido por el Gobierno provincial, el radicalismo condicionó su aprobación para el martes que viene a que el Ejecutivo deje sin efecto los decretos que suspenden el uso de los fondos del Estado, que se utilice el 6,4% del total de los fondos que se destinan anualmente para publicidad oficial estatal y que los dineros salgan de esa partida presupuestaria y no de otra.

La propuesta consensuada implicará que se reforme la actual ley de las PASO, porque peronistas y radicales abrieron la puerta para que en esta etapa se pueda hacer publicidad política con fondos de aportes privados en los medios gráficos y cartelería pública, algo que la actual ley prohibía.

Si esto se cumple y no se toca una letra de aquí al martes, ese día los legisladores darán quórum para hacer la reforma.