El fisco provincial comenzó la tarea fina de ajustar la mira sobre los contribuyentes que se atrasan en el pago de los impuestos o que, sin más, los evaden.

Si bien ese es un rol que se espera que el Estado cumpla, y que lo haga bien, la adicción a las moratorias relajó a miles de ciudadanos y nubló la eficacia en la gestión impositiva.

Sin contar el Inmobiliario 
Rural ni las acreencias no tributarias, como las multas de la Policía Caminera, la deuda global supera los 4.000 millones de pesos. Y de todos los juicios entablados desde 2005 (1,2 millones de casos), sólo se cerró y se cobró el 24,1 por ciento.