Debido a esta negativa, fue que el ANSES, para cumplir con el beneficio a las familias puntanas, decidió imprimir "una especie de declaración jurada", para cada aspirante a la asignación, para que fuera firmada por un funcionario provincial competente, en el cual consta que quien hizo el trámite nacional, no percibe ningún tipo de beneficio social por parte del gobierno provincial, entre los que figuran el Plan de Inclusión Social y pasantías, entre otros.

Aún cuando en la ANSES siguen anotándose cientos de familias por día, hasta el último dato estadístico "estaban listas para cobrar hoy (por ayer), estaban pensadas 4.203 familias", le dijo Témoli a Periodistas en la red, lo que significan "cerca de 14.000 niños".

Un combo de motivos

Por otro lado, son muchos los rumores que circulan, para ‘justificar’ la decisión tomada por la provincia de no ceder su banco de datos conteniendo los beneficios sociales dispuestos en la provincia.

El primero de ellos, es que el gobierno provincial no está dispuesto a blanquear la cantidad de estos beneficios, porque está directamente relacionado con el número de desocupados, lo que oficialmente terminaría con la mentira oficial sobre la desocupación casi cero en la provincia.

Otro de los rumores, es que el gobierno provincial no está dispuesto a que ‘sus’ beneficiarios, pasen a ser beneficiarios del gobierno nacional, lo que para algunos es simple y llanamente que ‘el clientelismo político deja de ser provincial, para nacionalizarse’.

Si bien hay más rumores, los hechos indican claramente que en realidad, el motivo, es un combo de todas estas posibilidades en una sola.