La premisa de esta política es fortalecer el sistema de rehabilitación social ante las conductas delictivas, mejorar su reinserción social y promover óptimos procesos de resocialización de las personas privadas de la libertad. El encuadre de esta modalidad, es la Ley Nacional 24 660, en su capítulo VII.

En el encuentro, que se concretó en el Casino de Oficiales de la institución, participó también la secretaria de Gobierno, Justicia y Seguridad, Graciela Nader, el director del SSP José Carrizo y el director de Negocios de la empresa, Osvaldo Ruffa.

Este convenio es considerado por las autoridades estatales y privadas como un gran avance para incrementar y mejorar los beneficios mutuos y, principalmente, destacar el rol social, vinculado con la motivación y la resocialización de los reos. Será firmado la semana entrante, luego de pulir los detalles y las formas jurídicas para su concreción.

En un primer momento serán incluidas 12 personas, que deberán tener buena conducta y transitar los últimos meses de su pena. El número se podrá aumentar a 40 o 50 según su comportamiento.

La empresa se hará cargo de abonar los sueldos, en función de la producción que los trabajadores realicen, además de los costos de la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) y las modificaciones edilicias que deberá tener un ala de unos de los pabellones, que permitirá contar con el espacio físico para la instalación de este taller.

Otro de los conceptos que se analizó en el encuentro, fue que la ocupación en horas laborables y la merma del tiempo de ocio, permite proyectar un oficio para los privados de la libertad, con el consecuente beneficio para él y sus familiares.

Generar trabajo y resocialización

El ministro Álvarez explicó que el objetivo de esta modalidad “es generar empleo, dignificar a los reos y promover una reinserción social en las mejores condiciones”. Al mismo tiempo, encuadró estas acciones en el artículo 19 de la Constitución Nacional y más precisamente la Ley 24 660, denominada “Ejecución de las penas privativas de la libertad”.

Aseguró que “la actuación entre la empresa, el SSP y el Ministerio de Gobierno será conjunta. Los beneficios no tan sólo serán económicos y sociales, sino además, se modificará parte unos de los pabellones”. “Se debe destacar además la posibilidad de que los reos puedan desempañarse en un trabajo”, sostuvo.

Agradecimiento

El director del SPP, consideró que “este tipo de acciones merecen un agradecimiento por las gestiones realizadas por el gobierno provincial, ya que permiten la rehabilitación y resocialización de los internos. Una vez que egresen de su condición de tal, se busca que tengan opciones para complementarse en su vida en sociedad y en su trabajo”.

Carrizo agradeció a la firma Estrada, por colaborar con esta función del Estado y aportar herramientas y materiales para concretar la actividad. Resaltó que la legislación vigente explicita que para tener acceso a este beneficio se debe contar con buena conducta, lo que será analizado por el Gabinete Disciplinario de la institución.

Por su parte, Ruffa sostuvo que estas acciones permiten una acción de mutuos beneficios. Los trabajos que realizarán incluyen productos como intercalaciones, doblados, pegados y embolsados.

Detalles de la Ley

La ley 24 660 en su capítulo VII y en sus artículos desde el 106 al 113 habla sobre el Trabajo y sus principios generales. Entre otros conceptos asegura que “el trabajo constituye un derecho y un deber del interno; y es una de las bases del tratamiento y tiene positiva incidencia en su formación”.

Entre los principios asegura que se regirá por “no se impondrá como castigo; no será aflictivo, denigrante, infamante ni forzado; no propenderá a la formación y al mejoramiento de los hábitos laborales; no procurará la capacitación del interno para desempeñarse en la vida libre”.

Además “se programará teniendo en cuenta las aptitudes y condiciones psicofísicas de los Internos, las tecnologías utilizadas en el medio libre y las demandas del mercado laboral; deberá ser remunerado y se respetará la legislación laboral y de seguridad social vigente”.