“El proyecto de ley por el que se pretende asignar competencia a los tribunales locales sobre delitos comprendidos en la Ley Nacional de Estupefacientes es la muestra más flagrante de la desidia y complicidad oficial en el combate a los narcotraficantes. Se trata de una medida improvisada cuyo único objetivo es poner en cabeza del Poder Judicial, la responsabilidad por la ausencia de políticas estatales para prevenir las adicciones y combatir a quienes lucran con la vida de los ciudadanos”.

La definición es el primer párrafo del duro documento con el que la Unión Cívica Radical rechazó el proyecto del gobernador José Alperovich para extender la competencia de los tribunales locales a causas vinculadas con el tráfico de drogas. El trabajo fue elaborado por los equipos técnicos de la fuerza opositora a solicitud del titular de la Junta de Gobierno, el diputado José Manuel Cano.

Según la fuerza opositora, la iniciativa merece severos reparos jurídicos, institucionales y políticos. “Sus falencias tienen un origen en un problema inexcusable para las actuales autoridades: el incremento de la venta y del consumo de estupefacientes tiene su génesis en la complicidad del aparato estatal para con los delincuentes. Si no hay decisión política y autoridad moral para romper ese perverso vínculo, no habrá resolución legal que pueda revertir un crítico cuadro de situación”, advirtieron.

Según la declaración, desde el Acuerdo Cívico y Social se viene advirtiendo sobre la relación que existe entre los denominados “dealers” que operan en los barrios y ciudades, y numerosos dirigentes del oficialismo. “Disponemos de elementos para sospechar que el expediente conocido como de los narcopolicías tiene mucho más para decir del vínculo del poder con los que producen y venden drogas en Tucumán. Insistimos, no se trata de un debate de competencias jurisdiccionales, sino de autoridad política e institucional para atacar a los delincuentes. Si esto no se revierte, la solución que propone el Gobierno podría implicar poner al lobo a cuidar a las gallinas”, insistieron.

Los radicales advirtieron que no está resuelta la cuestión de la competencia en materia de investigación del micro tráfico de estupefacientes. Otra cuestión normativa a resolver se relaciona con la competencia para investigar. Según la ley nacional, a la que se propone adherir, esa tarea queda en cabeza de los jueces. El régimen de procedimientos vigente en Tucumán prevé que las pesquisas son responsabilidad de los fiscales. No queda claro como pretenden hacer convivir ambos regímenes y se advierte que la convergencia de los sistemas podría entorpecer la celeridad de los expedientes.

“Más grave aún resulta la decisión de dividir la investigación de las pequeñas causas vinculadas con la venta de drogas. Con esta decisión, la Policía y la Justicia Provincial jamás avanzarán sobre quienes sostienen el negocio del narcotráfico, que se configura con una cadena de delitos que incluye, no sólo a “pequeños” dealers, sino también dirigentes políticos, policías y funcionarios. Al no haber coordinación con las fuerzas nacionales, la tantas veces declarada pero ineficiente, lucha contra el narcotráfico encontrará a los tucumanos distraídos en procedimientos de poca monta que flaco favor hacen al combate verdadero del delito. Anuncia que cambia todo, para no cambiar nada”, consigna la declaración elaborada por los equipos técnicos de la fuerza opositora.

Según los radicales, en Tucumán casi no hay trabas para conseguir los precursores químicos con los que se producen las drogas. “Celebramos que el Poder Ejecutivo haya asumido, al fin, que es preciso dotar de recursos para mejor el funcionamiento de la Justicia. Pero advertimos que, al igual que el resto de los anuncios entre los que se incluye el fin de la polémica 4AM, se trata más de dichos efectistas y contradictorios que de medidas razonadas y eficientes. Ahora que prometen cambios e inversiones para el fuero penal, deberían explicar por qué aceptaron ceder gran parte del edificio del ex comando en el que se proyectaban crear nuevas oficinas y salas para acelerar los juicios orales. Si hoy se decidieran a habilitar nuevas fiscalías, casi no habría lugar para poner los escritorios de sus funcionarios”, denunciaron.

Desde la UCR consignaron que el combate contra los dealers debe ser prioritario. “Es necesario dotar de recursos para formar equipos de trabajo, integrados por policías, fiscales y especialistas de la sociedad civil. Pero el primer paso es dar señales claras de que se terminó la impunidad. Dudamos de la legitimidad de la actual gestión para hacerlo”, concluyeron.