Indicó Zornberg que la iniciativa del Ejecutivo alcanzará a la adquisición de bienes y contratación de servicios por parte de la administración provincial, pero excluirá a aquellas relacionadas con las “obras públicas, empleo y deuda pública, por gozar de cierta especificidad”. Tomando la Ejecución Presupuestaria de 2012, el proyecto hubiese alcanzado a 500.000 transacciones, el 90% de las operaciones de compra. El proyecto prevé la unificación de toda la normativa existente y la derogación de algunos artículos de leyes vigentes y será de aplicación obligatoria para los tres poderes del Estado. Una de las primeras voces críticas fue la del legislador radical Rodrigo De Loredo, que afirmó que la iniciativa supone “un avance tecnológico”, pero consideró que “sigue sin limitarse la discrecionalidad en el manejo de las compras y contrataciones del Estado”. “El gobierno podrá seguir contratando en forma directa y sin control espacios para la publicidad oficial”, ejemplificó el radical. “Es un retroceso en materia de transparencia, y se trata de una tardía modernización tecnológica toda vez que no está dirigida a revertir la arbitrariedad en el manejo de las contrataciones del Estado”, dijo.