El gobierno nacional pidió la pena de reclusión perpetua para Alfredo Astiz, Jorge Tigre Acosta y otros 10 represores por los secuestros y homicidios de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet.
El abogado de la querellante Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Martín Rico, solicitó en el juicio por esos crímenes que todos los acusados cumplan la condena en una cárcel común y que los delitos de privación ilegal de la libertad.
La querella, que finalizó ayer su alegato ante el Tribunal Oral Federal 5, también pidió reclusión perpetua, la pena máxima del Código Penal, para Juan Carlos Rolón, Ricardo Cavallo, Ernesto Weber, Jorge Rádice, Antonio Pernías, Raúl Scheller, Néstor Savio, Julio César Coronel, Juan Carlos Fotea y Alberto González. Todos fueron considerados responsables del secuestro de los integrantes del Grupo de la Santa Cruz, llamado así por la iglesia de la Santa Cruz, del barrio porteño de San Cristóbal, en la que se reunían para reclamar por la aparición de sus familiares. Ese grupo estaba compuesto por las monjas francesas, Azucena Villaflor de Devincenti, Esther Balestrino de Careaga y María Ponce de Bianco (iniciadoras de las Madres de Plaza de Mayo), Horacio Elbert, Angela Aguad, José Fondovila, Eduardo Horane, Raquel Bulit, Patricia Oviedo y Remo Berardo. Rico también hizo su acusación por los homicidios de Villaflor, Bianco, Careaga, Aguad y Duquet, que fueron los únicos de los 12 secuestrados cuyos cuerpos se encontraron.
La querella había señalado ayer, al iniciar su alegato, que Astiz se infiltró en el grupo haciéndose pasar por un familiar de desaparecidos con el nombre falso de Gustavo Niño y marcó a quienes debían ser secuestrados, lo que llevó a cabo el Grupo de Tareas 3.3.2 que integraban los acusados.
"¿Qué clase de peligrosos guerreros demoníacos eran las madres que buscaban a su hijos o dos religiosas que las ayudaban? ¿Realmente estas personas eran terroristas, seres demoníacos digitados desde la URSS (Unión Soviética) y Cuba pidiendo por sus familiares en una iglesia?", ironizó Rico.
La Secretaría de DDHH. interviene en el juicio como querella del Grupo de la Santa Cruz, 12 casos de los 85 que se juzgan.
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