Los incidentes de Villa Soldati calaron hondo en el Gobierno provincial. Por un lado, el gobernador Celso Jaque pidió más celeridad en los planes de vivienda, y, por otro, los caciques justicialistas solicitaron una reunión con el mandatario para averiguar cuántas casas les toca a cada una de sus comunas y proponer alternativas de solución a la crisis habitacional, pero también tuvo otra consecuencia. Si bien desde distintos sectores del Gobierno buscaron en los últimos días minimizar el temor a que lo ocurrido en Villa Soldati se repita en Mendoza, el miedo está, y no sólo a que se usurpe algún terreno, como ocurrió en Buenos Aires, sino a que el objetivo sean barrios cercanos a zonas conflictivas.

Debido a ello, desde el Instituto Provincial de Vivienda (IPV) se le entregó al Ministerio de Seguridad un listado de barrios para que efectivos policiales los custodien, y al mismo tiempo se les solicitó a las empresas constructoras que refuercen la seguridad mediante la contratación de más personal de vigilancia privada. Sin embargo, hasta ayer, en algunos de estos barrios no se observó la presencia policial.

EL EFECTO SOLDATI. Tanto Jaque como el ministro de Seguridad, Carlos Aranda, han intentado mostrarse seguros de que en Mendoza no se podría repetir lo ocurrido en Villa Soldati. Sin embargo, igualmente se decidió tomar precauciones. Una de ellas fue solicitada por el IPV y el Ministerio de Infraestructura. Había que evitar que casas que estén en construcción sean usurpadas, y la preocupación del ministro Francisco Pérez y del titular del IPV, Carmelo Simó, se centró en los barrios cercanos a zonas conflictivas. Según explicó Simó, hace unos días se entregó una lista de aproximadamente diez barrios al Ministerio de Seguridad para que sean custodiados, debido a que sus construcciones se encuentran avanzadas y, al estar cerca de zonas conflictivas, existe temor de que ocurra alguna usurpación. “Es para evitar ocupación de parte de extraños e incluso de preadjudicatarios”, señaló el funcionario del Instituto Provincial de Vivienda.

En tanto, Pérez explicó que la custodia no depende solamente de la Policía de Mendoza, sino que también se les solicitó a las empresas constructoras que refuercen la seguridad de los barrios que están levantando, es decir, que contraten más vigilancia privada de la que tienen normalmente. Si bien Simó admitió que puede sonar mal que solamente algunos barrios sean custodiados y sólo por el hecho ubicarse en determinados lugares, explicó que es porque existe el riesgo de que “se intente una ocupación ilegal”. Simó explicó también que los barrios están en sus etapas finales y ya tienen la loza colocada, factor que también los llevó a permanecer bajo protección policial. Entre los que figuran en la lista, el funcionario recordó tres.

Dos de ellos, cercanos al barrio Papa, tienen 30 y 40 viviendas y están destinados a las personas que viven en el asentamiento levantado dentro del hipódromo provincial y para aquellos que vivían en el Matadero. En tanto, otro de los barrios mencionados por Simó se construye en un terreno ubicado en Juan B. Justo y Terrada de Maipú, cerca del barrio La Gloria, y tiene como futuros adjudicatarios a los afectados por el sismo del 2006. En una recorrida hecha ayer por El Sol en algunos de estos sitios se pudo observar que todavía no se había asignado custodia policial.

SUGERENCIA COMUNAL. Por otro lado, ante la sugerencia hecha la semana pasada por los intendentes de Las Heras y Guaymallén, Rubén Miranda y Alejandro Abraham, respectivamente, para que la provincia adquiriera terrenos y los entregara a organizaciones sociales para que estas levantaran las casas, el ministro de Infraestructura explicó que el sistema está en estudio, y agregó que hay un plan similar desde hace algunos años. Pérez afirmó que hay que tener en cuenta las realidades diferentes que viven los departamentos, ya que “no es lo mismo Guaymallén que Malargüe”. En tanto, Simó afirmó que el plan que está en funcionamiento es de “integración sociocomunitaria”, por el cual las casas son hechas por desocupados y beneficiarios de planes sociales, y explicó que hacerlo masivo “es difícil, porque se necesita mucho apoyo logístico de los municipios”.

La Nación y dos planes de viviendas

La idea es construir 100.000 casas por año. Esto, en Mendoza, según explicó Simó, lo había adelantado el titular de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), Jorge Panella, pero ahora su concreción parece estar más cerca. Una de las propuestas es un plan nacional que se sostendrá con créditos del Programa Bicentenario. Estas viviendas tendrían dos y tres ambientes y se necesitaría un ingreso familiar mensual que ronde entre los 7.500 y los 10.000 pesos. La otra propuesta funciona con un plan de ahorro previo de 20 o 30% del valor total de la vivienda e interviene la Anses, el mercado de capitales y el impuesto a los combustibles. En este se requiere entre 4.500 y 10.000 pesos de ingreso familiar mensual.