En la víspera del final del año, el gobernador José Alperovich rompió el silencio que mantenía respecto de las ternas que había recibido para cubrir vacantes judiciales y de un saque nombró a cinco jueces nuevos. Las designaciones oficializadas este viernes, que aún han de recibir el acuerdo legislativo, beneficiaron a los ternados Ana Josefina Fromm, Raúl Horacio Bejas, Hugo Felipe Rojas, María Cecilia Menéndez y Mónica Sandra Roldán. Todos los cargos pertenecen al fuero civil (tres corresponden al centro judicial de Concepción y los restantes, a la capital), de modo que el mandatario aún ha de definir tres tercetos para los delicados Tribunales penales (ver nota en esta misma página).

Con esta tanda de cinco nombramientos, el remodelado Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad debutó en la cobertura de vacantes judiciales. Se trata, entonces, de las primeras definiciones de tercetos que el Gobierno encara desde que el “superministro” Jorge Gassenbauer asumió la cartera de Gobierno y Justicia que había dejado Edmundo Jiménez cuando se hizo cargo del Ministerio Público Fiscal y Pupilar. Alperovich llevaba un semestre sin nombrar jueces al amparo de la normativa que no establece plazos para el ejercicio de esa potestad y que le permite optar entre cualquiera de los tres miembros de la terna sin necesidad de motivar la decisión incluso si se trata de un veto reiterado. Los alcances amplios de esta facultad discrecional fueron avalados por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán en el juicio que inició hace dos años Carlos López, candidato a juez penal descartado siete veces por Alperovich.

Una nueva vacante

El dato relevante del estreno de Gassenbauer y del secretario del área, Marcelo Caponio, es que, en tres de los cinco tercetos, el Poder Ejecutivo escogió a los respectivos ganadores del concurso sustanciado por el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). En un caso, el Gobierno optó por la postulante ternada en segundo puesto (Menéndez), pero tampoco podía nombrar al vencedor del proceso de preselección (Rojas) porque ya lo había elegido para otro cargo.

Alperovich sólo dejó de lado el criterio del “ganador objetivo” en el supuesto de la Cámara en lo Civil y Comercial Común, cuando dispuso el ascenso de Bejas, que cerraba la propuesta confeccionada por el CAM después de Fernando García Hamilton y de Álvaro Zamorano. Alperovich ya se había inclinado por ese postulante en 2011 para cubrir la vacante del Juzgado en lo Civil y Comercial Común de la I Nominación de esta capital. Ello quiere decir que la elección de Bejas descomprimirá relativamente a los Tribunales, que ahora han de esperar que el CAM elabore una terna para el cargo de juez de primera instancia, y que el Poder Ejecutivo y la Legislatura concreten la designación.

Triple beneficio para el sur

El centro judicial de Concepción consiguió el mayor alivio puesto que logró regularizar tres despachos: el del juez en lo Civil en Familia y Sucesiones de la III Nominación, y dos vocalías de la Sala de Familia y Sucesiones de la Cámara de Apelaciones en Familia, Sucesiones, y Documentos y Locaciones. La elección de Roldán, que se desempeñaba como secretaria del juzgado, frustró las aspiraciones de las ternadas Andrea Fabiana Segura y Eleonora Claudia Méndez. La designación de Rojas como camarista supuso otra exclusión para Méndez y para Carlos Rubén Molina. Ese último aspirante cerraba la terna para la vocalía que quedó en manos de Menéndez (Rojas encabezaba el terceto).

La terna para el Juzgado en lo Civil en Familia y Sucesiones de la IX Nominación de esta capital era la que más tiempo llevaba en la “sala de espera” de la Casa de Gobierno -llegó el 6 de mayo pasado-. Fromm, que se desempeñaba como relatora de la Sala I de la Cámara de Familia y Sucesiones, se presentaba como la favorita para ese despacho y su designación confirmó esa condición. Integraban la propuesta las postulantes María Claudia del Valle Albornoz y Segura, que, al igual que Molina y Méndez, recibió dos vetos en el mismo día.

Desde 2009, cuando comenzó a funcionar el CAM, Alperovich nombró a 78 magistrados -sólo diez de ellos corresponden a este año-. Esa cantidad supera el centenar si se consideran las designaciones discrecionales previas. En conjunto, este Gobierno cubrió más del 50% de las oficinas judiciales, porcentaje que comprende los cargos de juez de primera y segunda instancia en funcionamiento en los centros judiciales de la capital, Concepción y Monteros, y a los fiscales y defensores del Ministerio Público.