Se trata de unos 149 millones de pesos sobre un total de 300 presupuestados por la ley nacional.
Madereros dicen que hay ineptitud en algunos funcionarios provinciales. ONG denuncian manejo “perverso de la Nación”.
A su turno, los productores anunciaron que, tal lo previsto por la ley 26.331, Salta estaría en condiciones de reclamarle a la Nación, hasta la fecha, unos 1.000 millones de pesos.
La cifra surge de calcular los 3 años de vigencia de la norma sin recibir un peso, el total de dinero que debería haber conformado el fondo fiduciario nacional y la proporción de bosques nativos que tiene la provincia, por lo que le corresponden no menos del 20% del total.
Es decir que desde que se sancionó la ley hasta la fecha, por imperio de la ecuación de conformación del fondo fiduciario, la Nación debería haber destinado $5.000 millones a este fin.
Los empresarios denunciaron también ineptitud de los funcionarios provinciales de Ambiente y de Hacienda al no haber presupuestado ese dinero en los últimos 3 ejercicios, lo cual los haría pasibles de una demanda por malversación de fondos.
“Manejo perverso de Nación”
Por su parte, las ONG ambientalistas que estuvieron representadas, como Greenpeace, Vida Silvestre y Pro Yungas, reconocieron que “desde Ambiente de la Nación bajan muy malas señales, porque nunca contestaron nuestros requerimientos con argumentos sólidos”.
También advirtieron que hay un “manejo perverso del Estado, porque ahora, en octubre, nos dan 15 días para presentar proyectos de manejo de bosques, con la clara intención de no repartir los escasos fondos que quedan en el presupuesto, por lo que deducimos que tampoco ese dinero está disponible”.
Presión sobre legisladores
Los dirigentes de los productores madereros se reunieron la semana pasada con diputados nacionales por Salta para ponerlos en conocimiento de la situación y advertirles que de no preverse en el presupuesto 2011 los fondos para conservar los bosques, todas las jurisdicciones caerían en la ilegalidad absoluta, porque sin fondos la ley es inviable.
Esto es así dado que desde el año que viene hay que presentar planes de manejo de las áreas protegidas, que en Salta suman 6,5 millones de hectáreas y esos planes cuestan a razón de $40 la hectárea.
Por otra parte, consideran más grave aún que con el 30% correspondiente a la Provincia (el 70% es para los titulares de las tierras), ésta debe ayudar a conservar cuencas hídricas y sostener el manejo de comunidades aborígenes. Y aquí los pueblos originarios son titulares de más de un millón de hectáreas.
Por eso, los productores anunciaron que, de no mediar una solución inmediata, entablarán demanda penal contra la Provincia y la Nación por malversación de fondos e incumplimiento de deberes de funcionario público y pedirán la caducidad de la norma dada su inaplicabilidad.
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