Luego del shock que produjo la decisión de la justicia de rechazar el amparo que había frenado la prórroga de la promoción industrial para las provincias vecinas, la estrategia del Gobierno es apuntar contra los autores de la decisión: la Cámara Federal. En ese sentido, aseguraron que seguirán los pasos del camarista Otilio Romano.

Ese juez es fuertemente cuestionado por su actuación durante la dictadura y, de hecho, está procesado por decenas de causas donde se lo acusa de delitos de lesa humanidad.

Según aseguró el ministro de Gobierno Félix González seguirán la huella legal de la decisión de Romano en el expediente por la promoción.

Es que interpretan como sospechoso que el juez haya firmado una resolución trascendente para Mendoza justo antes de la feria y a pocos días de que se resuelva su futuro. Por eso la estrategia oficial no apunta a cuestionar por los canales ordinarios la medida (que sería ir nuevamente a la Corte) sino contra los jueces. Romano sigue en el cargo y no está en prisión por los fueros que tiene. Pero el 4 de agosto debe declarar y presentar su defensa ante el Consejo de la Magistratura, organismo que podría suspenderlo.