El Gobierno insiste en que empresas deben garantizar seguridad en obras

El Gobierno insiste en que empresas deben garantizar seguridad en obras
Las constructoras realizaron las presentaciones ante la Justicia, hasta el momento no hay resolución.
El titular de la Secretaría de la Vivienda Octavio Gutiérrez, y el administrador del Instituto Provincial de la Vivienda, Dante López Rodríguez, insisten en que la responsabilidad de garantizar la seguridad para evitar las usurpaciones en los barrios es específicamente de las empresas constructoras que tienen a cargo las obras.

En la actualidad 134 viviendas, ubicadas en diversos sectores de la ciudad, se encuentran tomadas, las últimas desde hace más de un mes, si bien los responsables de las empresas han realizado las presentaciones, la Justicia no ha emitido resolución al respecto.

Ante esta situación y debido a la consulta sobre las decisiones que se tomarán al respecto, los funcionarios de las áreas intervinientes depositaron la responsabilidad en las empresas que se encuentran realizando los trabajos en las viviendas, al respecto Octavio Gutiérrez manifestó: “Yo siempre en la cuestión usurpaciones estoy totalmente en desacuerdo, y eso está en manos de la Justicia, el tema le compete a las empresas, teniendo en cuenta que son los que están construyendo las viviendas son los responsables de brindar la entrega hacia la secretaría para que se haga la adjudicación correspondiente a través del programa “Techo Digno”, que cuenta con una lista única de beneficiarios”.

Mientras que por su parte, López Rodríguez señaló que “la primera acción que hicieron fueron las empresas constructoras que están ejecutando las obras para el Instituto, que realizaron las presentaciones judiciales para que la Justicia dictamine en relación a las usurpaciones que es un tema totalmente ilegal”.

Ocupación y tiempos

La toma de viviendas que se encontraban en pleno proceso de construcción se presentó con mayor intensidad durante los últimos meses del año, y si bien se han realizado las presentaciones ante la Justicia para tratar de frenar las acciones, hasta el momento no se ha emitido resolución alguna al respecto. El tiempo que transcurre hace que se dilate la situación y las personas permanezcan en el lugar, entretanto, con el correr de los días trasladan más pertenencias hacia la casa usurpada.

La mayoría de los barrios cuenta con un avance importante de obra, en algunos casos ya tienen terminaciones y aberturas, en el momento en que los grupos de familias se organizan para ocupar los módulos habitacionales se encuentran solamente con un sereno, que es el responsable de garantizar la seguridad de las herramientas y materiales, pero que se ve imposibilitado de detener la ocupación de las viviendas.

Las situaciones que sucedieron en el último tiempo dejan entrever la precariedad de personal de seguridad para proteger las viviendas que deberían ser entregadas, al finalizar la obra, al organismo para su correspondiente adjudicación.

9 mil inscriptos en el IPV en Capital

El Instituto Provincial de la Vivienda cuenta en la actualidad con 15 mil inscriptos en la provincia, de los cuales 9 mil pertenecen a la Capital. Los datos fueron suministrados por el funcionario del área, en relación a los perjuicios que causa la toma de viviendas. Al respecto, López Rodríguez explicó que “hay muchas personas que esperan pacientemente, renuevan la documentación y se ven afectadas por estas acciones ya que se extienden los plazos de entrega”.

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