Después de una jornada de protestas y represión policial, que dejó 80 muertos según la versión oficial y casi el doble en las versiones de los sectores islamistas, el Gobierno provisional de Egipto volvió a amenazar con ser “firme” ante cualquier intento de desestabilizar el país. Y a eso se agrega un decreto presidencial que permite al Ejército intervenir en esta crisis para arrestar a los civiles que se manifiestan en las calles. A pesar de estas noticias, los sectores que apoyan al ex presidente Mohamed Mursi anunciaron que volverán a movilizarse.

“Aseguro al pueblo que los hombres de la Policía se comprometen a lograr la seguridad y la estabilidad en el país y no permitirán a ningún envidioso que perturbe el ambiente”, sostuvo el ministro del Interior, Mohamed Ibrahim. También el consejero presidencial para Asuntos Estratégicos, Mustafa Hegazi, dijo a los periodistas que las autoridades “trabajarán con seriedad y fuerza para proteger a los ciudadanos del terrorismo”.

Los islamistas no reaccionaron a las amenazas gubernamentales salvo con el aumento en las medidas de seguridad alrededor de la plaza de Rabaa al-Adaweya en El Cairo, donde acampan desde el golpe de Estado del 3 de julio en reclamo por la vuelta al poder de Mursi. Pero adelantaron ayer que convocarán más marchas y que anunciarán el lugar y la hora de las protestas a último momento para evitar ataques de la policía como los del día sábado.

Mientras tanto, el gobierno le da forma a sus herramientas legales para poder tener vía libre en la represión de las protestas. El presidente provisorio, Adli Mansour, emitió ahora un decreto que concede a su primer ministro, Hazem Beblawy, el poder de autorizar al Ejército a arrestar a civiles, sin intervención de la policía ni la Justicia. Al escuchar el anuncio, muchos recordaron las detenciones que se produjeron entre la caída de Mubarak y las elecciones que dieron ganador a Mursi.

En ese lapso, los militares a cargo del poder arrestaron a 15.000 personas.

Este fin de semana el ministro Ibrahim también anunció la reestructuración del aparato de Seguridad Nacional, que sustituyó a la temida Seguridad del Estado, símbolo de la represión del gobierno del depuesto Hosni Mubarak. Esa medida provocó la reacción y el repudio de grupos que incluso apoyaron el golpe contra Mursi.

Las versiones sobre la feroz matanza del sábado en El Cairo son contradictorias. El Ministerio del Interior aseguró que los agentes solo lanzaron gases lacrimógenos, mientras que los islamistas acusaron a los policías de atacar a los manifestantes con balas de goma y de plomo.

Desde la caída de Mursi, el 3 de julio pasado, sus seguidores venían teniendo choques con las fuerzas de seguridad y con la oposición laica, que sigue movilizada. Pero el viernes el gobierno anunció que el ex mandatario –quien permanecía retenido por el Ejército– quedaba detenido formalmente “por traición”, porque “había conspirado contra el país” apoyado por el movimiento islámico Hamas.

El sábado se supo que lo iban a encarcelar en la prisión de Torah, donde está el ex dictador Hosni Mubarak. Esa noticia provocó que miles de seguidores de los Hermanos Musulmanes salieran a la calle a protestar y pedir la liberación de su líder.

Las fuerzas armadas habían dado un ultimátum a los rebeldes la semana pasada para “unirse a las filas de la patria”, que venció el viernes pasado. A partir de ese día, dijeron, cambiaría su estrategia contra las protestas. El resultado fue la represión del sábado. La acción más sangrienta se produjo en la calle Naser, donde se organizan los Hermanos Musulmanes.

En una muestra más de su línea de endurecimiento contra los sectores islamistas, ayer el Gobierno también amenazó con desmantelar “muy pronto” las acampadas de los seguidores de Mursi, quienes mantienen su pulso en las plazas y desde allí planean las nuevas protestas para esta semana.