En medio de sofocante calor del verano, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) envía una gota de aire fresco a las comunas y desde ayer puso en marcha un programa de asistencia financiera para los planes de vivienda social y rural por lo que ya dispuso la descentralización de $ 11.569.683.

Los recursos se distribuirán entre los municipios de acuerdo a los cupos establecidos por el IPV según el déficit habitacional de cada departamento.

El anuncio llegó por parte del titular del organismo, Carmelo Simó, tras la reunión de Gabinete de los lunes.

Recursos propios

Los fondos son el resultado de la cancelación anticipada de viviendas que en el último año realizaron los adjudicatarios acogiéndose a un plan de descuentos que los beneficiaba con una disminución de 25% y 50% del valor adeudado.

“A partir de hoy se pone en marcha el programa de financiamiento de vivienda rural, social y ayuda mutua que había sido creado por la ley 8.095. Esto se logra con los recursos que el IPV obtiene de la cancelación anticipada de viviendas y lo recaudado corresponde desde la promulgación de la ley (octubre de 2009) hasta el 30 noviembre 2010; son $ 11.596.000 que se reparten en los municipios de acuerdo a la cupificación que tiene cada uno”, explicó el presidente del IPV.

Descentralización

Con la descentralización de los recursos el organismo les da plena facultad a los intendentes para que “dispongan de cómo se van a invertir”, aclaró Simó.

La intención es que se utilicen para la construcción de módulos básicos, arreglo de techos, reparaciones varias, ampliación, urbanización, compra de terreno o para hacer frente a “las necesidades habitacionales que tenga cada municipio”, detalló el funcionario.

Este programa de ayuda financiera es solo un apéndice de la ley 8.095. La norma le abrió las puertas a Celso Jaque para la creación de un fideicomiso por 460 millones de pesos con la promesa de construir 5.500 casas para la clase media en tres año.

A un año y tres meses de su aprobación legislativa, el ostentoso proyecto habitacional de Jaque aún permanece estancado. En este sentido el titular del IPV reiteró que la Provincia hizo todos los deberes y solamente resta esperar la decisión final de Anses, que es la entidad tomadora de los bonos en caso de que no aparezcan oferentes privados.

“Estamos esperando las definiciones a nivel nacional. Del IPV hicimos todas las gestiones necesarias para emitir bonos y formar el fideicomiso”, confió Simó.

No obstante, el Ejecutivo incluyó en el presupuesto 2011 una partida de 138 millones de pesos que se correspondería a la primera tanda de bonos.

Mientras el ambicioso proyecto no se desarrolla, desde el IPV se dio paso a las precisiones establecidas en el artículo dos de la 8.095 que creó el plan de Construcción de Viviendas Sociales, Rurales y por Ayuda Mutua.

Aporte de regalías

El programa se solventa con el 5% de las regalías petrolíferas y la recaudación que se obtiene por la cancelación anticipada de los adjudicatarios.

Precisamente ese artículo fue una de las exigencias del Partido Demócrata (PD) para destrabar casi dos meses de discusión en la Legislatura, allá por 2009, y acompañar el plan habitacional de Jaque.

En este sentido, el diputado Roberto Pradines se quejó porque “durante 2010 el 5% de la regalías no se empleó para el fin que tenía previsto en la ley y recién ahora se ha destinado una partida de 34 millones de pesos en el presupuesto 2011”.