El subsecretario de Gestión Penitenciaria de la Nación negó que esas aberraciones hayan ocurrido bajo la intervención federal. El trabajo conjunto con la Provincia terminó en diciembre de 2007.
Marambio aclaró que el trabajo conjunto de la Nación y la Provincia se terminó oficialmente en diciembre de 2007. “Creo que lo que se hizo desde 2008 fue muy positivo. Esto no es una crítica al Gobierno de Mendoza, pero estoy aclarando que nosotros no tenemos nada que ver”, indicó.
El funcionario del Ministerio de Justicia de la Nación aprovechó el contacto telefónico con este diario para detallar las condiciones de las gestiones que se hicieron entre ambas administraciones. Además, habló sobre algunos aspectos vinculados al protocolo contra la tortura, que ya tiene media sanción en la Legislatura local (ver aparte).
–¿Cuánto duró el trabajo del SPF con Mendoza?
–De marzo a junio de 2007. Después quedaron penitenciarios retirados del SPF colaborando oficialmente hasta diciembre de ese año, y luego el Gobierno de Mendoza decidió cuáles de los penitenciarios retirados se quedaban asesorando y colaborando, pero eso ya fue una decisión del Estado mendocino.
–Hace poco más de 10 días, cuando se conocieron los videos con las torturas, el gobernador aseguró que los hechos ocurrieron bajo la intervención federal.
–Nunca hubo una intervención federal. El personal federal fue designado por Mendoza, no por el SPF ni por el Ministerio de Justicia de la Nación. En el trabajo que se hizo desde 2008 y lo que vino después no hay nada que cuestionar, porque fue muy positivo. Esto no es una crítica al Gobierno de Mendoza, estoy aclarando que nosotros no tenemos nada que ver.
–¿Cuántas personas del SPF se quedaron trabajando en Mendoza?
–Deben de haber quedado cerca de 10 personas, todos agentes penitenciarios retirados.
–¿Qué acciones se hicieron en los meses que duró el trabajo conjunto?
–Diálogo con el personal penitenciario, diálogo con los internos, redistribución de los pabellones. Es más, la propuesta que se presentó ante la Corte Interamericana (de Derechos Humanos) fue un programa que surgió de un informe hecho por nosotros, en donde dijimos sobre qué líneas había que trabajar. Esto lo hicimos en conjunto, no como si nosotros fuéramos los expertos y la gente de Mendoza tuviera que aprender todo. Pero nosotros nos vimos involucrados porque había una denuncia internacional y el Estado nacional debía participar.
–¿Qué responsabilidad le cabe al Ejecutivo nacional en las sanciones que cayeron sobre Mendoza?
–El Gobierno federal ha colaborado en la sobrepoblación de las cárceles de Mendoza por no tener una prisión en la zona. Pero estamos por armar el Complejo Penitenciario Federal de Cuyo, que es de 450 plazas y que permitirá alojar a varios internos federales que están en cárceles provinciales, que es uno de los grandes problemas que la Corte Interamericana verificó. Eso estará en 18 meses.
–¿Usted cree que son aislados los casos de violencia en las cárceles?
–El SPF maneja el 15% de la población penal, y en nuestras cárceles son casos aislados, comprobados no sólo por información nuestra sino también a través de un vínculo estrecho con la Defensoría General de la Nación y el Poder Judicial.
Perfil
-Alejandro Marambio es abogado egresado de la Universidad de Buenos
Aires (UBA). Es especialista en Derecho Penal (Universidad Di Tella), titular de la cátedra de Criminología de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y da clases en especialización de Derecho Penal de la Universidad del Salvador.
-Fue asesor de la Procuración Penitenciaria Nacional entre 2000 y 2005.
-Fue jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios entre 2005 y 2006.
- Ocupó la dirección nacional del Servicio Penitenciario Federal desde julio de 2007 hasta el 11 de enero de 2011.
-Actualmente es subsecretario de Gestión Penitenciaria del Ministerio de Justicia de la Nación.
Criticó al procurador por los controles internos
Una de las acusaciones que ha hecho la oposición a Alejandro Marambio y a su gestión es que no permite controles de organismos externos en las unidades penitenciarias. Las visitas sorpresivas, con la posibilidad de entrevistar a penitenciarios e internos y registrar esas reuniones, son el eje principal del protocolo contra la tortura impulsado por el Gobierno provincial, que obtuvo media sanción en el Senado provincial el martes pasado.
Pero el actual subsecretario de Gestión Penitenciaria de la Nación contestó las críticas cargando contra el procurador penitenciario federal, Francisco Mugnolo, quien visitó Mendoza el 4 de febrero, y le apuntó por la falta de autorización al monitoreo de ese organismo.
–¿Por qué no permite el ingreso de supervisores a las cárceles?
–Eso no es cierto. El problema es que el procurador no va a la cárcel sino que envía a sus asesores, que en muchos casos no están preparados porque no tienen responsabilidades legales.
–¿Y de quién es la responsabilidad?
–Si alguien entra sin autorización y se desencadena algún conflicto adentro, la responsabilidad es pura y exclusivamente de la autoridad penitenciaria. A nosotros nos han controlado organismos internacionales, como el Instituto Latinoamericano de la ONU para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente. Hemos abierto las cárceles a organismos que no tienen una intención política de entorpecer la labor del Gobierno nacional, como sí lo hace Mugnolo, que está trabajando claramente en la interna radical.
–En Mendoza la Legislatura está debatiendo el protocolo contra la tortura, que crea la procuración penitenciaria y un comité de visitas, ¿usted qué piensa?
–Es una ley, pero aquí la Legislatura no ha aprobado aún el protocolo para que se auditen las cárceles. No se puede inventar una forma de trabajo, y si el reglamento de la Procuración (Penitenciaria Federal) lo tuviera, no tendríamos problemas en permitir el ingreso, pero no tiene esa facultad.
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