Así, la provincia debería pagar por ellas un valor que nunca podrían tener en el mercado inmobiliario, ya que no son urbanizables por estar ubicadas junto a lagunas de oxidación en que se descargan efluentes cloacales.

“Una hipótesis que barajamos es que se puede tratar de tomas que si no están promovidas por los propietarios (de los terrenos), sí están consentidas”, dijo a NORTE el ministro de Gobierno, Juan Manuel Pedrini.

El funcionario confirmó lo informado por este diario ayer en cuanto a que las ocupaciones comenzaron en septiembre, si bien estimó que la cantidad de familias asentadas en la zona es inferior a la indicada en el artículo periodístico. “De acuerdo con los relevamientos, no son 300 familias, sino unas 150”, señaló. Los ocupantes dicen ser más de 400 grupos familiares. (Ver aparte).

Alertas tras Villa Soldati

La publicación de NORTE generó contactos y reuniones en el gabinete provincial y horas después el Poder Ejecutivo difundió un comunicado bajo el título “El gobierno desmiente toma masiva de terrenos en el sur de Resistencia”. Allí, en realidad, se confirma lo indicado ayer: que se realizó una usurpación de terrenos privados por parte de un numeroso grupo de familias.

Pedrini, al ser consultado sobre el punto, admitió que lo que causó escozor en el gobierno fue la proximidad de la noticia con los traumáticos hechos de Villa Soldati, en Buenos Aires. El texto publicado, en cambio, indicaba claramente que las ocupaciones de Resistencia habían comenzado en septiembre, pero que se conocieron recién ahora, en medio del debate nacional sobre las tomas ilegales de terrenos.

El ministro también reveló que en su cartera se vivieron días de zozobra mientras ocurrían los sucesos del Parque Indoamericano. “Tuvimos muchísimas alertas sobre supuestas tomas inminentes de predios, y dispusimos un amplio despliegue para prevenir cualquier situación de ese tipo”, contó.

En cuanto a las ocupaciones en la zona sur de la ciudad (se llega hasta allí por la avenida Mac Lean y cruzando la avenida Malvinas hasta arribar a la zona de las lagunas), dijo que la usurpación masiva “se inició a fines de agosto o principios de septiembre. Lo tomamos como un hecho puntual y aislado, que no se repitió en ningún otro punto de la provincia”.

Llamativa pasividad

“Una hipótesis que barajamos es que se puede tratar de tomas que si no están promovidas por los propietarios (de los terrenos), sí están consentidas. Nos llama poderosamente la atención la inacción judicial de los dueños de los predios, que más allá de una primera denuncia, no accionan para recuperar sus propiedades”, indicó Pedrini.

En ese sentido dijo que la actitud “es muy distinta a la que por ejemplo tomaron los propietarios del Campo Zampa cuando éste fue ocupado por cientos de familias. Ellos buscaron insistentemente recuperar las tierras, hasta que se resolvió expropiarlas”.

Por eso dijo que no se descarta que esta vez “haya ocurrido algo que ya sucedió en otras ocasiones, donde la ocupación es un modo de lograr que el Estado tenga que expropiar, pagando por los terrenos un dinero que (los propietarios) no podrían conseguir en el mercado. Estas tierras tienen un valor prácticamente nulo, porque junto a las lagunas de oxidación no se puede construir nada”, resaltó.

Según versiones, algunos propietarios (entre los cuales habría familiares de un importante dirigente radical capitalino) tenían firmados preacuerdos con empresas constructoras para vender los terrenos y que allí se iniciaran barrios Fonavi, pero las operaciones cayeron por la restricción total para construir en la zona. Luego de eso, llegó la usurpación, encabezada por el movimiento piquetero de Héctor “Pelado” Gómez.