En el escrito, que fue calificado como "pesado" por una fuente judicial, la constructora estatal denuncia que en el marco de un contrato que se había firmado con Gualtieri, este se obligaba a entregar una cantidad importante de un cemento especial utilizado para la construcción de diques. Las fuentes consultadas coincidieron que el monto del contrato rondo largamente los 10 millones de pesos y su pago fue acordado mediante cheques que fueron entregados a Gualtieri.

De acuerdo a la denuncia, la empresa Sapen documentó los incumplimientos de los plazos de entrega y comenzó un reclamo extrajudicial contra la vendedora. Al parecer especialistas de la empresa estatal detectaron que la calidad del cemento que llegaba, era muy inferior por la que habían pagado. Documentaron la diversa calidad y pidieron explicaciones al empresario quien habría negado la situación.

La Jueza Mirta Esley al tomar conocimiento del escrito hizo lugar a una medida cautelar pedida por la Sapen "bajo su propia responsabilidad" y bloqueó el pago de los cheques emitidos, aunque se admitió que Gualtieri pudo haber cobrado algo dos cheques o más, de 2 millones de pesos cada uno.

Fuentes vinculadas al Gobierno confirmaron a San Luis24.com, que el Estudio de Ricardo Olivera Aguirre trabajó en la presentación y que se espera con "especial atención" el trabajo del Fiscal Eduardo Allende en el caso.

Como la Constructora del Estado advirtió que se estaban "perjudicando intereses de la Provincia y de la obra publica…", la segunda medida de la Jueza fue ordenar la intervención de Fiscalia de Estado. Se espera que el expediente llegue a la oficina del Fiscal del Crimen Lutens, esta misma semana.