La idea es aplicar la compleja medida paulatinamente -dada su complejidad y riesgos-, a lo largo de los próximos meses. Algunas entidades ya han empezado a experimentarla. El objetivo es ahorrar y racionalizar la economía. La clausura de los comedores colectivos, con la consiguiente supresión del desayuno y el almuerzo a precio simbólico en los centros de trabajo, busca en concreto ajustar mejor la oferta y la demanda, reducir las importaciones, gastar menos en transporte, distribución y electricidad, dar más valor a la moneda nacional para facilitar su ulterior unificación con la moneda convertible y poner coto al robo de alimentos y materiales relacionados durante el abastecimiento.

La decisión se ha anunciado en las últimas semanas en bancos, oficinas y centros productivos adscritos a ciertos ministerios, en unos casos para ponerla en práctica el 1° de octubre, en otros en diciembre y en algunos a comienzos de 2010. "Los jefes lo han dado por seguro, como algo que se implantará en todo el país, aunque aquí ya usted sabe que seguro no hay nada", nos dijo una empleada del sector petrolero.

El plan responde al proyecto de Raúl Castro de "eliminar los servicios gratuitos y subsidios inadecuados, salvo en salud y educación", para, al mismo tiempo, convertir el salario en fuente principal de ingresos. Según los jefes a los que ha correspondido transmitir la orientación (orden), la supresión de las comidas colectivas a precio simbólico (poco más de un peso cubano) se compensará con la entrega de unos 15 pesos diarios a cada trabajador. La mayoría de los empleados verán así duplicado su sueldo mensual.

La medida contenta a unos y plantea dudas a otros. "Para mi, mucho mejor si me dan la plata y yo me arreglo. Lo que me dan ahora no lo como; está malísimo y ya me traigo el almuerzo de casa", nos dijo un joven funcionario de la Oficina del Historiador de La Habana. El mismo reconoció que algunos compañeros suyos, "sobre todo gente mayor", ven el cambio con escepticismo.

El cambio será aún más importante si Raúl cumple además su proyecto de suprimir la libreta de abastecimiento: un objetivo en el que la prensa oficial viene insistiendo machaconamente. Las consecuencias económicas de estas reformas son todavía incalculables. Habrá que ver el ritmo y grado de su cumplimiento y si, para suplir los servicios ahora estatales, el gobierno facilitará su prestación a cargo de la iniciativa privada.