El gobierno provincial a través de la Fiscalía de Estado presentó un documento ante la Cámara de Apelaciones donde consideró que la resolución del juez de Instrucción Nº 6 Alfredo Elosu Larumbe, por la que sobreseyó a las personas que tomaron el terreno privado de la Avenida del Trabajador, "adolece de vicios que importan su invalidez y revocación". Además, pidió que aparten al magistrado de la causa.

"Es que el Gobierno de la Provincia del Neuquén no puede ser indiferente a la generación de precedentes jurisprudenciales que avancen en sentido contrario a los derechos y garantías constitucionalmente protegidos, en el caso el derecho de propiedad", afirma el documento.

Gustavo Lucero, abogado de la Secretaría de Estado de Seguridad, explicó que la presentación se debió a que la Provincia "no puede ser indiferente a las consecuencias de esta resolución".

En el escrito la Fiscalía de Estado se postuló como "Amicus curiae", y aclaró que "resulta legitimado activo para actuar procesalmente en resguardo de los intereses provinciales, de hecho que la Fiscalía de Estado es un órgano de defensa de los intereses del Estado".

"Persigue con su intervención la defensa de un interés válido y genuino de trascendencia político-social, se destaca el amplio interés público que guarda la causa a partir de las consecuencias políticas y sociales que importaría su resolución ante la eventual desprotección del régimen de la propiedad privada -y publica- y el ejercicio de los derechos reales que el dominio importa", destaca la presentación.

Raúl Gaitán, fiscal de Estado, escribe además que "la sociedad neuquina pretende que generen y preserven condiciones mínimas indispensables que garanticen la paz interna, el bienestar general, los beneficios de la libertad, de la democracia y la igualdad postulados en el preámbulo de la carta magna neuquina".

Paz social

"Es política de Estado la preservación de la paz social y de la tranquilidad de los habitantes neuquinos; a partir de ello, la tutela de los derechos personales y reales debe ser realizada en función del interés general, todo ello siempre dentro del respeto a la independencia de poderes que trasunta inexorable en esta presentación que se hace a los ojos de toda la comunidad, y de manera contributiva a la decisión judicial, respecto de la cual, no obstante, no vincula en absoluto", expresó.

La Cámara de Apelaciones deberá resolver en los próximos días si ratifica o desestima la resolución de Elosu Larumbe.

En el escrito de la Fiscalía de Estado se expresa que "la falta de respeto de la ley sin su penalización genera el ambiente necesario para que tampoco se respeten las convenciones no escritas. Así se deterioran instituciones principales de la sociedad junto con la calidad de su funcionamiento y sus resultados".

"La corrección de estas tendencias exige desprenderse del falso prurito de que eso implica caer en prácticas autoritarias. La dilación en la intervención de la justicia, o su falta de intervención, puede significar involuntariamente un amparo hacia los usurpadores, sentando un grave precedente", afirmó.

Gaitán solicitó apartar al juez "por haber fijado posición ante el caso sometido a su análisis".