La administración gubernamental apuntará concretamente a eliminar todos los cargos de asesores y personal que no cumplan función específica alguna con el objeto de efectuar ajustes presupuestarios a las finanzas del Estado. Pero, además, se pondrá la lupa especialmente en la planta política “que no haya demostrado un compromiso real” con la gestión.

Así se supo extraoficialmente tras el llamado que el lunes hizo la gobernadora Lucía Corpacci a sus ministros y jefes de área, sobre la necesidad de recortar la planta política estatal para sanear los números de la administración.

“Hay muchos índices. Estamos sacando los números. Les pedí números concretos a los ministros para que la próxima semana podamos ver cuántos hay en cada área y cuántos se deben reducir”, dijo la jefa de Estado tras el acto de asunción de los nuevos funcionarios del Poder Ejecutivo, desarrollado en el Salón de Acuerdos “Fray Mamerto Esquiú”.

En este sentido, la mandataria dio un plazo de una semana para que los titulares de las diferentes carteras presenten informes detallados sobre sus respectivos relevamientos.

Desde el ministerio de Hacienda se informó que los “números finos” no estarán sino hasta ese momento y sobre la base de los mencionados informes, por lo que no se puede adelantar cuál área podría ser la más afectada por el recorte político. En este sentido, hay áreas que tienen una alta carga política, mientras que en otras dicha carga es menor.

Por otra parte, se tendrá en cuenta la naturaleza misma del trabajo desempeñado por cada departamento, ya que algunas funciones son técnicas y otras políticas.

Se supo que se eliminará todo lo que se considere “asesoría fantasma” que no preste servicio ejecutivo concreto alguno -de los que hay en toda administración gubernamental, del nivel y color partidario del que se trate- y quedarán sólo aquellos que cumplen una función efectiva y full-time.

Un funcionario de segunda línea dijo que “se planteó la existencia de una necesidad real de recorte presupuestario: primero está la orden global y luego la particular, y en tal caso se tomarán las decisiones. Pero, en todo caso, hay una necesidad que está por encima de toda otra cuestión y que la gobernadora dio la orden de priorizar, que es la financiera”.

De esta manera, también, dio lugar a entender que no habrá concesiones de ningún tipo y que se darán por saldadas algunas “deudas” que pudieron haber quedado con militantes o dirigentes tras la campaña que permitió destronar al Frente Cívico y Social después de 20 años.

Se entiende, de antemano, que la situación podrá producir inevitables enojos en aquellos que puedan sentir que, en su caso, se haya producido alguna “injusticia”.

Por lo pronto, los titulares de las carteras ejecutivas tienen una semana de plazo para disponer la presentación del informe solicitado por Corpacci, tiempo que se consideró como “viable” para el cumplimiento de la tarea. Entonces, vendrán las decisiones.