Neuquén > El gobernador Jorge Sapag presentó ayer en la Legislatura un proyecto de ley que busca regular el desarrollo de planes urbanos, loteos y fracciones.

Según se informó desde la cámara, la propuesta aspira a establecer “pautas técnicas y normativas comunes para privilegiar el desarrollo sustentable”, que contemple el correcto uso del suelo, preserve el medioambiente y los aspectos paisajísticos y culturales.

Tal como adelantó ayer este medio, la disposición dotará al Ministerio de Desarrollo Territorial, a cargo de Leandro Bertoya, de instrumentos jurídicos para controlar la puesta en marcha de proyectos inmobiliarios en todo el territorio provincial.

De esta forma, se abrirá un debate legal sobre las competencias de los municipios, ya que son ellos los que, en su mayoría, regulan el desarrollo urbano de cada ejido. Anticipando la discusión, la propuesta del oficialismo establece un doble régimen de adhesión para municipios y comisiones de fomento: uno directo, que implica acordar con los términos que fija la normativa; y uno indirecto, que implica actualizar y compatibilizar la legislación comunal a los criterios de la presente ley, según se informó.

Funciones

Según establece el proyecto, entre las funciones de la cartera de Desarrollo Territorial estará la determinación para cada caso de la superficie mínima de los lotes, la desestimación de los planes que incumplan requisitos y el rechazo de iniciativas en áreas no aptas para el desarrollo urbano por razones ambientales, productivas o culturales.

También controlará el cumplimiento y ejecución de obras y aplicará sanciones por incumplimiento o por venta de un loteo, en casos de que no exista autorización del Estado.

Según la normativa, cada titular de proyectos de desarrollo urbanístico “debe presentar ante la autoridad de aplicación: título de propiedad del inmueble y certificado de condición del dominio, propuesta del profesional que ejecutará el anteproyecto o proyecto, estudio de impacto ambiental, declaración jurada que destaque el compromiso de ejecutar obras de infraestructura necesarias para la provisión de servicios básicos y de acceso bajo su costa y riesgo, garantía y plano de mensura, entre otros requisitos técnicos”, según se explicó.

El martes, Bertoya adelantó que la normativa generará un marco legal para que los loteos “no se realicen sin la infraestructura necesaria -como energía, agua potable-, o sin las autorizaciones correspondientes”.