el titular de la Dirección de Defensa de la Democracia y el Ciudadano del Chaco, Julio García, informó que desde el Gobierno del Chaco solicitaron a la justicia civil de la localidad de General San Martín que suspenda una orden de desalojo de alrededor de 34 familias indígenas de Pampa del Indio y que se cumpla con lo dispuesto por la ley nacional 26160. Esa norma declaró la emergencia en la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas y suspendió todas las decisiones judiciales que tengan que ver con el desalojo o desocupación de las mencionadas tierras.

En diálogo con RADIO CIUDAD, García relató que “se ha ordenado el desalojo de una comunidad indígena en Pampa del Indio, de 34 familias, en un juicio que tramita en la localidad de General San Martín, a cargo del doctor Zabala”. Y precisó que “desde el Ministerio de Gobierno, básicamente desde la Dirección de Defensa de la Democracia y el Ciudadano, hemos pedido la aplicación de la ley de emergencia de la posesión y propiedad comunitaria indígena”.

“Nuestro organismo es el órgano de aplicación de la misma, y lo que se pide básicamente es, tal como lo establece la ley, que se suspende todo proceso de desalojo hasta noviembre de 2013”, puntualizó el funcionario provincial. Y destacó que la decisión es “en aras de resguardar la paz, la tranquilidad y respetar la legislación nacional que está por encima de cualquier resolución de un juez”.

“No queremos encontrarnos con hechos consumados”

García reveló que este jueves se cumplirían las 48 horas de plazo establecida por la orden de desalojo. En ese sentido, manifestó que “acabo de hablar con el secretario del Juzgado pidiéndole que se expida en tal sentido para no encontrarnos con hechos consumados”. “La gravedad amerita darle un tratamiento urgente a la cuestión y no encontrarnos con sorpresas que por un lado tenemos una legislación nacional que específicamente para estos casos prevé la suspensión de los desalojos y jueces haciendo oídos sordos o la vista gorda ante legislación elocuente y contundente con respecto a estos temas”, recalcó.

“Lo que dice la ley es suspender el desalojo, tendríamos que hablar con la comunidad, que es otra de las obligaciones que tiene el Estado en la relación con pueblos indígenas, que es escuchar a la comunidad. El órgano de aplicación es el Instituto del Aborigen Chaqueño y lo que nosotros vimos en el trámite del expediente civil como nota destacada es la falta de defensa de los intereses de las comunidades indígenas”, ratificó.