El encargado de fijar la postura del Poder Ejecutivo fue el ministro de Gobierno, Juan Manuel Pedrini, quien recibió a las partes acompañado de jefes policiales y planteó que el incendio de un ómnibus en las afueras de Resistencia "no fue un hecho de inseguridad", sino un episodio enmarcado "en un conflicto entre partes gremiales y empresariales".

Usuarios en el medio

Según el informe difundido por el gobierno sobre el encuentro, el ministro "ratificó que el contrapunto existente no tiene ningún tipo de relación con la inseguridad social o hechos delictivos", dejando en claro que "es un conflicto entre partes gremiales y empresariales que afecta directamente a miles de pasajeros".

"Por tal motivo solicité a las partes involucradas en el tema, hallar una solución inmediata que termine con este cuadro que tiene un solo damnificado: el usuario del transporte público", agregó.

De la reunión participó también la secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Resistencia, Irene Dumrauf, junto a la presidenta de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, concejala Eve Arechavala; Raúl Padilla, gerente de la Cámara de Empresas del Transporte Automotor del Chaco (CETACH); y el titular de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), Raúl Abraham, entre otros.

"Desde el gobierno provincial nos vemos en la obligación de exigir a las partes en conflicto, situación que deriva en la medida de fuerza y falta de respeto a miles de usuarios, que traten en forma definitiva y precisa el tema que les compete y brinden el servicio como corresponde", dijo Pedrini quien presidió el encuentro acompañado del jefe y segundo jefe de la Policía del Chaco, comisarios generales Hugo Lisboa y Ramón Alegre.

"Acá no existen hechos de inseguridad social, no hay robos ni personas lesionadas, no hay ataques físicos a los trabajadores, existen hechos muy precisos, siniestros y sospechosos que nada tienen que ver con el delito", planteó.

También dio informes sobre la marcha de la investigación sobre el incendio al colectivo destruidos en Puerto Vilelas, aunque insistió en que en el hecho "no hay (conexiones con) acciones de inseguridad que deban alarmar a la ciudadanía".