Dos de los tres invitados dieron el presente. Y uno de ellos no la pasó muy bien. El fiscal de Estado, Joaquín de Rosas, tuvo que soportar algunos sofocones ante las insistentes preguntas de los legisladores radicales que eran parte del comité de recepción en la Casa de las Leyes.

Lo único que quedó claro es que la estrategia visible del Gobierno provincial para detener la promoción industrial en las provincias vecinas es apoyar a la Cámara de Comercio de San Rafael y que la suerte de Mendoza depende de la acción judicial entablada por una asociación de empresarios privados.

El otro invitado era el asesor de Gobierno, César Mosso Giannini, quien tuvo una estadía más tranquila. Él fue quien blanqueó la instrucción del gobernador Celso Jaque de dar sustento técnico a la apelación que presentarán los empresarios del Sur provincial. Dijo que su repartición está trabajando en eso fuertemente.

El tercer invitado, que pegó el faltazo a la cita, fue el ministro de Producción, Raúl Mercau, quien viajó a Buenos Aires. Desde el radicalismo se amenazó con una interpelación que nunca fue pedida formalmente, puesto que el justicialismo allanó y aseguró la presencia de Mercau para el martes de la semana que viene.

Con la ausencia de Mercau, sólo quedó en análisis la vía legal para detener la aplicación del decreto 699 firmado por la presidenta Cristina Fernández, que extiende por 15 años el beneficio de la promoción industrial. Entonces, los legisladores de ambas cámaras y de todas las bancadas se aprestaron a escuchar las explicaciones de los invitados.

De Rosas repitió en varias oportunidades que ha ordenado a todas las direcciones de la Fiscalía de Estado que estudien el fallo del tribunal federal integrado por Alfredo López Cuitiño, Otilio Romano y Antonio Alberto Endeiza. En la sentencia, los magistrados rechazaron el amparo presentado por la Cámara de Comercio de San Rafael, por considerar que la asociación empresaria sanrafaelina no tenía representatividad. Ese fue su argumento ante los legisladores.

Después, ante la prensa, el fiscal ensayó una respuesta: cuando él desistió de la acción declarativa de inconstitucionalidad y del derecho de Mendoza a accionar por este tema ante la Corte Suprema nacional, lo hizo con la condición de que Mendoza fuera incluida en el régimen de diferimientos impositivos, hecho que nunca se concretó. Este argumento, según el fiscal, abriría alguna puerta para presentar una nueva demanda pero, casi al mismo tiempo, pidió paciencia periodística porque no quería revelar detalles de lo que estaba pensando.

Otra vez el secreto y, con el silencio, la sospecha del PD y de la UCR de que no hay mucho por hacer, al menos desde lo judicial. No parece haber un horizonte legal para impedir que San Luis, San Juan, La Rioja y Catamarca tengan ventajas a la hora de captar inversiones, en detrimento de Mendoza.

Lo concreto es que a partir de ayer empezaron a correr los diez días de plazo para recurrir la decisión de la Cámara Federal respecto del amparo presentado por los empresarios sanrafaelinos, por lo que el temido decreto 699 aún no está vigente. De acuerdo a Mosso Giannini, la sentencia del tribunal federal es recurrible y, hasta tanto no resuelva la Corte Suprema nacional, la aplicación de la norma que revivió a la promoción no estará vigente.

En caso de que el amparo de los sanrafaelinos no prospere, queda un recurso de queja, que no tiene efecto suspensorio, por lo que, en esa instancia, el Gobierno nacional puede aplicar la norma y firmar convenios con empresas para otorgarles el beneficio.

"Cualquier empresa podría plantear una acción, puesto que todas las promocionadas y las que no deben competir en las góndolas", dijo Mosso Giannini. Entonces, el senador radical Armando Camerucci retrucó: "No está definido claramente el perjuicio en la economía, como si lo está en el reparto impositivo, que es fácilmente mensurable".

Y la afirmación tenía un destinatario, el fiscal de Estado, quien tiene la responsabilidad de defender los intereses de la provincia, a pesar de que, ante la Corte Suprema nacional, no tiene la personería para accionar. El único que la tiene es el Gobernador.