La Provincia presentó el recurso de casación contra el fallo que anuló dos disposiciones de la Constitución de 2006.
El escrito fue firmado por el apoderado del Gobierno, Rafael González Auad, con el patrocinio letrado del ministro fiscal, Pedro Giúdice. Las normas en debate se refieren a la integración de la Junta Electoral Provincial (la conforma el propio Giúdice) y a la prohibición de que se obligue a los funcionarios a pedir licencia de sus cargos un mes antes de los comicios, si son candidatos.
"El resultado (de la sentencia) es la vigencia de un texto constitucional que no tiene origen en la soberanía del pueblo, sino en la arbitraria decisión de uno de los poderes constituidos en el caso por un tribunal de rango inferior que no ocupa la cúspide del poder. Una sentencia así concebida comporta un agravio a los más elementales principios, derechos y garantías consagrados por nuestras Constituciones Nacional y Provincial, y a disposiciones de leyes provinciales”, aseveró la Provincia en su escrito.
Ahora, los jueces que firmaron el fallo (Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello) deberán resolver si conceden el recurso y lo remiten a la Corte Suprema de Justicia para que resuelva en definitiva o si lo rechazan, hipótesis que le permitirá al Poder Ejecutivo recurrir directamente al máximo tribunal para que intervenga por casación denegada
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