Marcelo Martorell pagó una fianza por 100 mil pesos y una jueza de garantía le concedió la libertad.
El acusado cambió su abogado apenas comenzaba la feria judicial, por lo que debieron habilitarla para que Martorell no quedara sin defensa.
De esta manera, el abogado del imputado pidió un control jurisdiccional, es decir, un recurso que otorga el Código Procesal para que el detenido pueda pedir la revisión de la causa en caso de que la considere innecesaria. De esta manera, la encargada de controlar la causa fue la jueza de garantía Alejandra Alonso quien consideró que no era necesaria la detención "por no haber riesgo procesal".
La maniobra del abogado defensor del ex funcionario de la UFI acusado de desviar fondos por 4 millones de pesos se realizó durante la licencia de la fiscal especial, Claudia Ríos, quien llevaba la causa de la UFI desde desatado el conflicto.
Mientras tanto, el Ejecutivo estudia que pasos judiciales podrá dar como querellante de la causa. Esto es porque tanto Ríos, como el fiscal de Estado y el mismo Gobierno pueden apelar la resolución. Las tres partes analizan por estas horas qué hacer de ahora en adelante.
El proceso
La fiscal especial Claudia Ríos imputó y detuvo al ex tesorero de la UFI Marcelo Martorell, a quien acusó de ser el principal responsable del desvío de fondos en aquella repartición por $3,8 millones. No obstante, el monto, según confirmaron fuentes oficiales, seguía ascendiendo ya que se encontró, hace dos semanas atrás, un nuevo faltante de casi dos millones de pesos que databa desde el 2005.
La acusación ya no era por fraude a la administración pública, como al comienzo, sino por asociación ilícita en concurso real con peculado. Martorell fue calificado de jefe de la asociación ilícita y por ello fue detenido. No obstante, Alejandra Alonso consideró que "no existe riesgo procesal" y pasó a dejarlo en libertad.
La investigadora del desfalco también acusó a Federico Acuña (tesorero), María Florinda Rubio (directora de Administración de la UFI), Soledad Pastrana (contadora general) y Juan Carlos Abraham.
El caso se conoció el lunes 13 de junio cuando el ministro de Hacienda, Adrián Cerroni, denunció la situación.
Si bien todos desfilaron por el despacho de Ríos durante la investigación, el único aunque sólo Martorell quedó tras las rejas, acusado de 32 hechos de peculado doloso.
Los demás fueron notificados y luego dejados en libertad. Sobre todos ellos podría caber una pena de tres a 20 años de prisión.
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