“Hace 20 años que soy juez y nunca tuve algo tan penoso. Que este hecho nos sirva de lección a todos y que alguien no tergiverse la realidad cuando dice que la inseguridad es una sensación”, sostuvo Pazos, al hablar por LT8 a pocas horas del episodio. Allí murieron Lucas Renna y Ricardo Javier Castaño. El primero conducía un auto que pinchó un neumático y fue asaltado por dos personas entre las que estaba Castaño.

   El secretario de Seguridad Comunitaria, Enrique Font, calfiicó de inadecuado tal señalamiento en boca de un magistrado que debe iniciar la pesquisa de un caso. “Es impropio que el juez hable en estos términos, pero también que use un caso sensible como éste pronunciándose como una víctima o un observador enojado, cuando él mismo integra una de las agencias del sistema penal. Aprovecha la situación de un caso en su fase inicial para mandar un mensaje político”, apuntó.

Hacia la Legislatura. “No pretendo cambios. Pero si una persona está condenada a ocho años de cárcel, que cumpla los ocho años. No puede ser que haya desesperación en algunas autoridades legislativas nacionales o provinciales para que el sujeto recupere la libertad. Por qué no tienen la misma desesperación para que la sociedad viva mejor, para que tengamos un día tranquilo, para que nuestros hijos puedan volver sanos a casa. Eso parece que quedó en el olvido”, planteó Pazos, hablando por LT3.

“Si la Legislatura produce leyes que favorecen notablemente al delincuente, es probable que se cumplan estos hechos y muchos más”, sostuvo el juez a Canal 3.

   La referencia la hacía porque Ricardo Castaño, el asaltante muerto la noche del lunes, había estado preso y recuperado la libertad antes de agotar el tiempo de su condena. Deberá establecerse si eso fue por una discrecionalidad o error, lo que a fuentes del gobierno les parecía improbable, o al otorgamiento de una salida transitoria prevista en la normativa vigente.

Antes y ahora. Font remarcó que cuando los condenados recuperan la libertad antes del cumplimiento estricto de la pena es porque la ley de Ejecución prevé beneficios que un juez debe otorgar observando claros requisitos. “El juez Pazos sugiere que los funcionarios no conocemos la realidad del delito. Pero trabajamos con hechos registrados, teniendo claro el fenómeno del delito y el modo cómo se los representa, lo que no siempre coincide. Ya que el juez habló de política uno puede responder políticamente. Y decirle que resulta llamativo que en todos los años previos de su desempeño no haya tenido posicionamientos como ahora. Pazos debería saber que el pico de la tasa de homicidio en Rosario fue en el año 2003. Si sabía de esto y no habló antes es llamativo que lo haga ahora”.

   “Yo quiero que le pregunten a los familiares, a los amigos y vecinos de Roldán, de este ingeniero asesinado en la autopista, si la inseguridad es una sensación”, había planteado el juez del caso. “No sostengo (que a los privados de la libertad) haya que tratarlos mal. Si cometieron un delito tienen que ser reeducados en prisión. Pero si no logran ese objetivo, no se les puede conceder la libertad tan fácilmente. Habrá casos que se justifiquen, pero no son la mayoría”, dijo Pazos.

   Desde el Poder Ejecutivo, Font calificó como saludable que los jueces manifiesten sus ideas políticas —”dado que todos las tenemos” — y sus valoraciones sobre el estado de la seguridad pública. “Lo que es objetable es que quien está al frente de un caso tan complejo salga a lanzar hipótesis que no están probadas y que en ese contexto marque una clara posición política como si fuera un vecino cualquiera. Es impropio que lo haga en un caso de tanta trascendencia. Hay un tema de responsabilidad funcional que la Cámara Penal debería considerar”, subrayó.

La verdad estará en las pericias

La pericia decisiva en el caso del empresario metalúrgico que al defenderse de un asalto causó la muerte de su hijo y mató a un ladrón comenzó a realizarse ayer. Se trata de la comparación del plomo que quedó en el cuerpo de Lucas Manuel Renna, de 28 años, con el arma calibre 11.25 que llevaba su padre. Los peritos de Balística, con un oficio judicial, retiraron el proyectil del Instituto Médico Legal para realizar el cotejo, que según fuentes del caso será posible porque la bala no resultó deformada en su recorrido.

   La medida fue ordenada ayer por el juez de Instrucción Nº 8, Juan José Pazos, al personal de la Sección Balística de la Unidad Regional II. “Esa pericia permite determinar con seguridad de dónde salió la bala. Se tiene que cotejar con la pistola secuestrada porque cada arma deja una impronta en el proyectil. Con esta prueba no quedan dudas”, indicó la fiscal Adriana Camporini sobre la medida que se inició ayer. La pericia fue ordenada para corroborar la procedencia del proyectil que mató a Renna. El juez Pazos relativizó el dato de que el joven fue muerto por su padre al plantear que “podría haber una tercera arma” en el hechos: “Nada quita que el ladrón que escapó tuviera otra arma y fuera 11.25. Hay que esperar el informe balístico para evaluar las circunstancias”, dijo.

Encuadre penal

Ante la posible calificación legal de las dos muertes en la autopista, el juez Juan José Pazos sostuvo que a su criterio el caso del delincuente baleado se trató de un caso de “legítima defensa”. Y en el caso del deceso de Lucas Renna “fue cien por ciento culposo y el propio hecho de la muerte ya es una sanción”. La referencia tiene como sujeto de la acusación a Oscar Renna, el padre del chico, quien sería autor de los disparos fatales.