Los gobernadores de las provincias petroleras le presentaron ayer al Ejecutivo su propio proyecto para alentar inversiones en el sector, con diferencias en relación al que impulsaba el Gobierno nacional. Con la meta de conseguir US$ 100.000 millones de inversiones durante el próximo lustro, los mandatarios piden que las empresas que inviertan tengan mayor disponibilidad para exportar el petróleo y gas que extraigan de yacimientos no convencionales, acceso al mercado de cambio oficial para comprar equipos de perforación y precio internacional para lo que vayan descubriendo.

De esta forma, las provincias refutan un “borrador” presentado por la Nación para cambiar la regulación en la industria petrolera. El Gobierno quería modificar los plazos de todas las concesiones, mientras que las provincias sólo aceptan hacerlo en el caso de los yacimientos no convencionales, en el que aceptan que la extensión de los contratos sea de 35 años.

El rol de la petroleras provinciales estatales, como la neuquina GyP, también es algo que los gobernadores buscan preservar. En especial, para que hagan “acarreo”, lo que puede representar una participación accionaria provincial en próximos desarrollos.

El borrador del gobierno nacional establecía una tasa fija para las provincias en concepto de regalías, Ingresos Brutos y otros impuestos. Las provincias, en cambio, proponen beneficios impositivos a los inversores en forma escalonada. “Vincular el porcentaje a promocionar, según el momento de la inversión, por ejemplo al que decidan entrar al primer año el 100% de los beneficios, y así ir progresivamente -90% el segundo año, 80% el tercer año- hasta llegar a cero”, describen.

Los mandatarios también quieren cambiar el actual esquema de precios internos. Pretenden que se encuentre alineado con los importes internacionales. De esa forma, si la cotización mundial sube, los gobernadores quieren captar mayor proporción de ese aumento a través de regalías. En lugar del 12% actual, podrían recibir hasta un 16%.