Ayer, la gobernadora de la provincia, Lucía Corpacci, remitió a la cámara de Senadores el veto a la ley que modificaría el artículo 1º de la ley 4192, el cual establece un nuevo nomenclador de cargos docentes. Los bloques opositores, quienes promovieron la iniciativa, necesitarán una mayoría calificada para ratificar los cambios.

De esta manera, la primera mandataria efectivizó lo anunciado cuando la mayoría opositora procedió a avanzar con el proyecto, a pesar de que el Gobierno hizo conocer que no estaba en condiciones de hacer frente al salariazo docente.

En los argumentos del veto, se pone como principal razón la violación de la competencia del Poder Ejecutivo sobre la política salarial. Puntualmente, se hace hincapié en que la Constitución de la provincia establece que la atribución para aplicar la política salarial es del Ejecutivo y no del Legislativo.

Asimismo, como segunda cuestión, hace referencia a que no puede existir ningún incremento salarial que no tenga establecida la partida presupuestaria con que se hará efectivo dicho aumento. Esto es parte de la exigencia de la Ley de Administración Financiera y, fundamentalmente, porque la provincia está adherida a la Ley de Responsabilidad Fiscal, que le permite todos los años refinanciar la deuda con el Gobierno nacional.

De no mediar inconvenientes, el veto tomará estado parlamentario en la sesión ordinaria de la cámara de Senadores, por ser cámara de origen del proyecto de autoría del hoy diputado provincial Víctor Luna.

Comisión

La Comisión Consultiva y de Participación Ciudadana (CCPC) programó un encuentro con ediles del Valle Central, clubes, entidades deportivas e integrantes de asociaciones de personas con discapacidad, a partir de las 20 de hoy, en la sede del Colegio de Abogados (Maipú 391). Será uno de los últimos, antes de abocarse al análisis de todas las propuestas, que desembocará en un informe final que se elevará a la Gobernadora.