Con mucha cintura política, apenas conocido el aberrante caso de la muerte, luego de intensas y prolongadas torturas, de Guadalupe Di Falco, el gobernador de la provincia, Alberto Rodríguez Saá, salió a desviar las miradas hacia sus reparticiones públicas encargadas de estos temas, echándole toda la culpa a la Justicia, pero con el expediente a la vista, Periodistas en la red está en condiciones de adelantar que, tanto Familia Solidaria, como “al Instituto de la Vivienda con fecha 30 de Abril de2010, a Familia Solidaria Niñez y Adolescencia”, les fueron enviados informes que ponían en sus conocimientos, la difícil situación en la que vivía Guadalupe.
Así se desprende de la declaración de “LEYES ALEXANDRA NOEMÍ quien declara Que hace aproximadamente Diez (10) años a la fecha y hace Seis (06) años aproximadamente que me encuentro trabajando en el Centro de Salud del Barrio Las Américas, en donde trabajo de 07:00 a 12:00 horas aproximadamente”, declaraciones que figuran a “fs. 67/68” del expediente de la investigación policial. Leyes, según consta en este expediente, “hace entrega de Fotocopias de Historia clínica de Di Falco Guadalupe Rebeca, Notas c Que a fs. 67/68 obra declaración Testimonial de ursadas al programa de Familia solidaria de fecha 30 de Abril de 2010, Al Instituto de la Vivienda con fecha 30 de Abril de2010, Familia Solidaria Niñez y Adolescencia”, se hace constar.
Pero Leyes no es la única que es testigo del mal trato que recibía Guadalupe en la casa de Riquelme, puesto que “a fs. 79/80 obra declaración Testimonial de AVILA LUCIANA BEATRIZ”, quien es Agente Sanitario, y tras contar de lo que fue testigo, señala a la instrucción policial que “voy hacer entrega de fotocopia de los informes que yo hacia en cada visita que hacia en la casa de la familia RIQUELME y fotocopia de mi cuaderno de terreno donde GUADALUPE fue con las manitos y cabeza lastimada y fotocopia de la hoja de registro de vacunación que fue lo que hicimos la ultima ves que fuimos al domicilio”. En este caso, Señor Gobernador ¿Quién tenía que enterarse de los informes de Ávila y de lo volcado en su cuaderno de terreno? Seguramente alguien del Ministerio de Salud. Ahora la pregunta es, si alguien de este Ministerio leyó estos informes y el cuaderno de terreno de Ávila ¿No se pudo informar a la Juez de Menores de turno? Y si así se hizo ¿Qué hizo esta funcionaria?
Los más llamativo de las declaraciones de Leyes y de Ávila, es que a ambas, Alejandra Videla, les informó que Guadalupe era hija de una mujer que se dedicaba a la prostitución y que se la había dejado a ella. Está bien que una madre pueda dejar su hija en custodia de una amiga durante unos días, pero estas empleadas públicas, señalan en su relato, que van a la casa de Riquelme durante varios meses y siempre Guadalupe está sin su mamá. Preguntas del millón Señor Gobernador. En San Luis ¿Una familia puede tener durante meses una hija no propia, a sabiendas de personas del Estado y nadie hace nada? Cuando un empleado público y en este caso con informes a varias reparticiones públicas detalladas ut supra en esta nota, toma conocimiento de que una menor está con otra familia que no es su biológica, que presenta signos de abandono y golpes ¿No se supone que tienen que dar parte a la Juez de Menores, para que disponga la mejor situación para la menor?
Conociendo estas declaraciones, en el expediente no se hace otra cosa más que probar una nota de opinión publicada por este medio y bajo la firma de este cronista, cuando afirmé que Riquelme fue el ejecutor de la muerte de Guadalupe, pero que los que la condenaron fuimos el Estado todo, Gobierno y Pueblo. Pero mayoritariamente, Señor Gobernador, la condenaron las instituciones que en esta nota se señalan, al no haber actuado como tendrían que haberlo hecho.
Y que quede bien claro, las responsables no son Leyes y Ávila, quienes se preocuparon bastante por la situación, sino Familia Solidaria, Instituto de la Vivienda y Familia Solidaria Niñez y Adolescencia, quienes recibieron informes sobre la situación. También algún estamento del Ministerio de Salud, quienes tendrían que haber conocido el cuaderno de terreno y los informes de Ávila y sin embargo ahora todos, incluido usted Señor Gobernador, nos desgarramos las vestiduras, precisamente cuando para Guadalupe Di Falco es demasiado tarde.
En futuras ediciones, seguiremos analizando el informe policial, porque hay más responsables que sabían los padecimientos de Guadalupe y que, hasta ahora, no han sido llamados por el juez Jorge Sabaíni Zapata y que, de acuerdo a lo que señala este informe policial, tendrían bastante comprometida su situación judicial. También analizaremos un dato que podría ser muy importante, toda vez que se secuestró mucha ropa con posibles manchas hemáticas que, de comprobarse, daría pié a mucha violencia en ese domicilio, como así también el secuestro de documentación que prueba que había denuncias por violencia familiar contra Riquelme, que comprometerían a reparticiones policiales que, claramente no actuaron o si actuaron lo hicieron de forma evidentemente deficitaria.
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