En el caso del juez esgrime, con sobrados argumentos, mal desempeño, retardo de justicia  y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo.

Se requiere también que la Procuración envíe todos los antecedentes respecto del fiscal del caso para seguir idéntico temperamento.

Expuestas bajo el estricto apego a las normas que deben observar los jueces y fiscales en sus funciones, al juez y al fiscal de la causa de la niña wichi les aguarda un duro camino, que muy probablemente termine con la destitución de ambos.

Así, el Poder Judicial ha reaccionado para subsanar la evidente liviandad y ligereza con que actuaron ambos funcionarios.

En el caso del Poder Ejecutivo Provincial, la Cámara de Diputados exhortó a la Jefatura de Gabinete de Ministros a iniciar cuanto  un sumario en los ministerios de Derechos Humanos y Justicia, Asuntos Indígenas, Seguridad y Primera Infancia con el objeto de que se deslinden las eventuales responsabilidades  a los funcionarios y que el resultado de esas actuaciones sea enviado a la brevedad a la Legislatura.

El caso va camino de constituirse en una verdadera vergüenza nacional y no se puede explicar cómo, tres enormes estructuras ministeriales han soslayado un hecho tan aberrante como la violación en banda a una niña aborigen, con retraso madurativo y no acudieron en su ayuda, ni la de su familia.

El gobernador de la provincia, que construye su imagen pública con la finalidad de ser candidato a la presidencia de la Nación, deberá hacer una pausa en tan fervoroso menester, poner las cosas en orden en el terruño, en la propia casa,  mirar sus ministerios y solucionar cuanto antes esta inadmisible y grave cuota de ineficacia.