Los crecientes informes periodísticos y científicos, testimonios civiles y organizaciones vecinales que subrayan los peligros sanitarios del uso de los agroquímicos ponen en tela de juicio al modelo que el país privilegió a la salida de la crisis de principios de siglo.

El sistema político bonaerense, en tanto, comienza a atender la problemática de acuerdo a las pruebas científicas existentes y los fallos judiciales firmen que, en distintas zonas del país, condicionan la metodología del modelo de producción agrícola imperante.

Un resonante proyecto de ley redactado por la diputada Adriana Toloza, que propone eliminar gradualmente el uso de glifosato en la provincia de Buenos Aires, reanima el fuego de la discusión. El texto legislativo apunta a disminuir, de modo gradual, el uso del herbicida en el territorio provincial hasta prescindir de él en 2019.

El proyecto de Toloza atiende los estudios de los científicos investigadores Andrés Carrasco, Eduardo Lorenzatti y Jorge Kaczewer y, también, a aquellos productores que defienden un uso racional del glifosato. “Si parte del problema reconocido es que se usan cantidades que no son las que corresponden -plantea la diputada del FpV- debemos proveer a nivel comercial la cantidad necesaria para las 20 millones de hectáreas de soja que se siembran en el país. No vender el doble del producto”.

La revolución verde

En Argentina se siembran unas 19 millones de hectáreas de soja, lo que equivale al 56% del área cultivada a nivel nacional. Según los estándares de uso actuales, se comercializan para esa superficie unos 190 millones de litros de glifosato, el cual se utiliza para fumigar los campos sembrados con soja, principalmente.

En Buenos Aires se sembraron 5,83 millones de hectáreas de soja durante la campaña 2009-2010, el 30,6% de la siembra nacional de la oleaginosa. Con una mínima ventaja sobre Córdoba, Buenos Aires se ha convertido en la provincia con mayor superficie cubierta por soja, con un crecimiento vertiginoso en los últimos años: en la campaña 2005-2006 se habían sembrado “apenas” 3,7 millones de hectáreas en la provincia, 2,13 millones menos que en la última.

La inmensa mayoría de esta superficie es sembrada con semillas transgénicas, es decir semillas modificadas genéticamente. Esa modificación, ideada por la compañía norteamericana Monsanto, logra que el vegetal (en este caso la soja) sea resistente a sustancias tan potentes como el glifosato, un herbicida no selectivo de amplio espectro. Esta idea revolucionaria, que modificó los métodos de producción de granos a nivel mundial, fue el origen del paquete tecnológico que dio lugar a la siembra directa, la técnica agrícola que enlaza estos elementos y logra batir récords de producción año tras año. Para 2002 (fecha del último Censo Nacional Agropecuario) ya eran 3,6 millones las hectáreas bonaerenses sembradas con la técnica de la siembra directa, es decir evitando arar la tierra y eliminando las malezas mediante las fumigaciones de glifosato en sus distintas mezclas y variables.

En tiempos de Solá

El modelo de producción agrícola basado en la siembra directa se esparció por el mundo durante la década del ’90. En Argentina, su ingreso fue permitido por el entonces Secretario de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Nación, Felipe Solá, quien mediante la resolución Nº 167 autorizó el uso de la soja transgénica (o soja RR) y sus derivados. En un oscuro proceso administrativo, en el cual el funcionario se expidió en 81 días y sin siquiera pedir la traducción de los 108 folios del expediente que estaban en inglés, el gobierno argentino se convirtió en el único a nivel mundial en permitir explícitamente el cultivo masivo de la soja resistente al glifosato.

En el año 2000, la patente de Monsanto prescribió y otras compañías como Syngenta, Atanor y DuPont ingresaron con fuerza en el mercado. Para 2002, la superficie argentina implantada en primera y segunda ocupación con soja fue de 10,8 millones de hectáreas, 6,5 millones más que en 1988. Sólo en el partido de Junín, la superficie sembrada con soja creció a un ritmo promedio de 8 mil hectáreas por año entre 2001 y 2005. La fuerte crecida en la producción, que respondía a un aumento del precio internacional del commoditie y a un tipo de cambio alto, desplazó a cultivos tradicionales como el trigo, el maíz y el girasol, a la vez que redujo considerablemente el territorio dedicado a la ganadería.

La soja fue el motor del boom agrícola que refinanció al Estado luego de las crisis de 2001-2002. Gracias a ella y el consecuente ingreso de divisas, el Estado argentino comenzó a salir del default. “La gran protagonista del auge agrícola es la soja –publicaba Clarín en 2003-, que está creciendo a un ritmo de 3 millones de toneladas por año. El boom vino con las variedades RR”.

Contraindicaciones

El avance sojero, que en vastas zonas se ha convertido en un verdadero monocultivo, pronto arrojó efectos no deseados. Numerosos casos de cánceres, leucemia, malformaciones y pérdidas de embarazos en comunidades vecinas a campos de explotación sojera comenzaron a cuestionar las técnicas de la siembra directa. En Córdoba, un grupo de madres del barrio Ituzaingó Anexo comprobó que en ese sector los casos de leucemia, cáncer y pérdida espontánea de embarazos superaba la media. Pronto percibieron que, en buena medida, eso se debía a las fumigaciones con glifosato que los productores de soja aplicaban sobre sus campos.

Vecinos organizados de otras ciudades lindantes a campos de soja comenzaron a percibir lo mismo. En 2006, el informe “Pueblos fumigados” arrojó un mapa espeluznante de comunidades intoxicadas por los plaguicidas. Casos como el de Ituzangó Anexo (donde un estudio municipal sobre 30 chicos estableció que 23 de ellos llevaban pesticidas persistentes en la sangre), San Francisco (donde se estableció una zona libre de agrotóxicos a instancia de los vecinos organizados), Chaco (donde un informe oficial registró que en la última década se triplicaron los casos de cáncer en niños y se cuadruplicaron los nacimientos con malformaciones) o San Jorge, Santa Fé (donde un fallo judicial dio la razón a los vecinos y prohibió las fumigaciones con agroquímicos en los campos cercanos al barrio Urquiza) se multiplicaron en las provincias sojeras.

Sin embargo, esto se contradecía con los dichos de FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) y OMS (Organización Mundial de la Salud) que continúan sosteniendo que el glifosato es un herbicida de baja toxicidad. Recientemente, estudios científicos realizados por profesionales locales cuestionan la posición de estas instituciones. En abril de 2009, el Dr. Andrés Carrasco, investigador del Conicet y Jefe del Departamento de Embriología Molecular de la Universidad de Buenos Aires, concluyó un estudio sobre embriones anfibios y de pollos que reveló que el glifosato (en sus diferentes variantes comerciales) “es capaz de producir malformaciones que alteran seriamente la expresión de algunos genes que están relacionados con el armado del embrión”. Concretamente, el glifosato desequilibra la cantidad de ácido retinoico, lo cual genera malformaciones. Semanas atrás, la publicación norteamericana Chemical Research In Toxicology rescató el trabajo de Carrasco y subrayó que “el efecto (del glifosato) sobre embriones abre la preocupación acerca de los casos de malformaciones en humanos observados en poblaciones expuestas en zonas agrícolas”.