El gobierno nacional anunció ayer el inicio de la reglamentación de la polémica Ley de Glaciares, pero en San Juan no tiene por ahora ningún efecto. Esto, porque rigen medidas cautelares de no innovar dictadas por la Justicia que implican que la norma -y su reglamentación- no se aplica en el territorio provincial. Mientras la Nación ordena que se haga un inventario de glaciares, la provincia ya tiene un relevamiento hecho por sus propios medios bajo el paraguas de una ley provincial para regular la actividad en la zona de influencia de estos cuerpos helados, reservorios por excelencia de agua. La reglamentación, que se da pocos días después de que la organización ambientalista Greenpeace hiciera un piquete pidiéndola (ver aparte), la dieron a conocer ayer el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el secretario de Ambiente, Juan José Mussi, luego de reunirse con Cristina Fernández, según Télam. Ordena que se releven los glaciares de todo el país, por intermedio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y de su Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ambientes Naturales (Ianigla), este último con sede en Mendoza.

Pero en San Juan no cambiará nada con la reglamentación de la norma, que está cuestionada en la Justicia por cámaras mineras y gremios vinculados a la minería, en un pleito donde la provincia se hizo parte oportunamente en contra de la Nación.

La provincia argumenta que tiene constitucionalmente la potestad de administrar sus propios recursos naturales y que la ley nacional atenta contra ese principio. La preocupación de San Juan (y de otras provincias andinas) es que, según sostiene, la ley nacional define muy ambiguamente el concepto de "periglacial" lo que atenta contra el desarrollo de actividades en alta montaña como la minería y obras como el túnel de Agua Negra.

Es inminente que el caso, luego de que el titular del Juzgado Federal de San Juan Nro. 1, Miguel Gálvez, se excusara, lo trate la Corte Suprema de la Nación. Esta última puede mantener las cautelares o levantarlas, pero en la Fiscalía de Estado local no se prevé que haya novedades en el corto plazo, y estiman que no lo hará hasta que se defina el planteo de fondo.

Según se conoció, Mussi detalló que "los primeros datos sobre los glaciares y zonas periglaciares los tendremos en un año. Y en cinco años completaremos la información". Tanto él como Fernández recalcaron que el relevamiento de los glaciares comprenderá a científicos y también guías y baqueanos que conozcan la zona.

El jefe de Gabinete no planteó plazos para la reglamentación definitiva de la ley pero señaló que "no será muy extensa, no esperen 800 páginas porque la ley tiene tanta casuística que prácticamente no necesita que se reglamente".

Ayer, en el gobierno local dijeron no conocer los detalles de la reglamentación, pero tanto José Luis Gioja como el ministro de Minería local, Felipe Saavedra, dijeron que la provincia "se pondrá a absoluta disposición de lo que necesite la Nación".

"Hay que recordar que nosotros somos una de las primeras provincias en tener una ley provincial para la protección de glaciares y una de las primeras en haber hecho un relevamiento de glaciares", dijo ayer el gobernador, consultado sobre el tema. Agregó que "Ianigla y nosotros hemos trabajado mucho juntos, con toda la información ambiental de Pascua-Lama y Veladero. Si quieren venir a hacer el relevamiento de glaciares, que vengan, nosotros vamos a colaborar. Pero nosotros tenemos nuestra ley provincial".

Gioja dijo enfáticamente que "nosotros hemos planteado claramente con la ley que donde hay un glaciar se protege".

Según dijo el fiscal de Estado adjunto, Guillermo de Sanctis, se prevé que esta semana el pleito judicial llegue a la Corte Suprema y apuntó que ayer la provincia incorporó como nueva prueba en el caso, el libro sobre glaciares que acaba de publicar el especialista Juan Pablo Milana. Este último también participó en el relevamiento de glaciares en San Juan -no de zonas periglaciares- que está haciendo el gobierno local con la UNSJ y cuyos resultados preliminares se presentaron en diciembre.

Si bien los gobiernos local y nacional están enfrentados en tribunales, políticamente conservan la buena relación.