La defensora oficial Natalia Buira, que está a cargo de la causa por discriminación de género iniciada en 2008, en representación de Mirtha Sisnero, la salteña que quiere ser colectivera, señaló que "esperamos una sentencia de la Corte Suprema que ampare los legítimos derechos de las mujeres".

En declaraciones a Télam, la defensora comentó que el trámite del amparo colectivo que presentó en 2008, en representación de Sisnero y la fundación Entre Mujeres, está llegando a su fin, "después de cinco años".

En este sentido, detalló que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "es inminente", ya que el trámite está "en autos para sentencia", porque el máximo tribunal nacional "lo entiende como una cuestión prioritaria".

"Esperamos una sentencia que ampare los legítimos derechos de Mirtha y de las mujeres que tengan un carnet habilitante y que quieran el día de mañana trabajar a bordo de un colectivo", manifestó Buira.

Sobre el dictamen emitido por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, la defensora precisó que "estamos muy contentas porque hace un año que lo estábamos esperando, y es positivo a nuestros intereses y muy rico en su contenido".

Buira señaló que este dictamen se refiere "al respeto a la igualdad de género como un derecho humano, que no solo debe garantizar el estado sino también los particulares, como en este caso lo son las empresas transportistas".

"Otra cuestión importante que resalta el dictamen es que las empresas demandadas nunca produjeron ninguna prueba, ignoraron sistemáticamente la postulación de Mirtha Sisnero y siguieron contratando hombres cada vez que se produjo una vacante", indicó.

Para la procuradora general de la Nación, "esto no se soluciona solamente con subsanar la discriminación que sufrió Mirtha, sino que las empresas tienen que adoptar medidas de acción positiva en este sentido", señaló.

"Pero lo más importante del texto de Gils Carbó es que este caso encierra un asunto de trascendencia institucional social, por lo que se debe instar a los poderes Legislativo y Ejecutivo de la provincia de Salta a que adopte medidas para revertir este tipo de discriminación", señaló Buira.

Buira apuntó que esta causa tiene "cinco amicus curiae, o amigos del tribunal", que son el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales); ADC (Asociación por los Derechos Civiles); y ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia de Género).

A ellos se suman CLADEM (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer); y la Clínica de Interés Público de la Universidad Nacional de Córdoba.

Sobre esto, la defensora comentó que estas instituciones "aportaron su capacidad técnica en materia de derechos humanos y especialmente en cuestiones de género, a favor de Mirtha Sisnero, porque sustentan que en este caso hay discriminación".