No hace falta mencionar el ridículo bloqueo de una tarifa más racional del transporte urbano en épocas que el usuario paga el boleto más barato de los últimos 35 años; tampoco el rechazo de la ordenanza marco para que privados ejecuten obra pública en la ciudad, por apelar a los dos ejemplos más notorios.

Desde hace cinco meses se encuentran estacionados dos proyectos de ordenanzas girados en 2010 que, aprobados sin dilaciones, podrían haberle inyectado a la ciudad inversiones por $ 460 millones.

Uno es a través de un fondo fiduciario de Banco Nación contra giros de coparticipación para la ciudad, por 100 millones de dólares, a tasas muy módicas y otras importantes facilidades. Es una línea del Nación para algunos municipios, el de Córdoba, entre ellos.

Se trata propiamente de un crédito, el recurso usual del Estado para obra pública, luego del repliegue de éste como directo inversor con dinero propio. Hace mucho que pasaron los tiempos de Ramón Mestre (en la Municipalidad y en la Provincia), afrontando obra pública con recursos genuinos.

Sin embargo, es admisible como materia opinable la obtención de un crédito por una suma significativa (15% del presupuesto) para una administración que ingresa en el último año y que no se ha mostrado precisamente ejecutiva.

Pero el otro proyecto demorado, un convenio entre la Provincia y el municipio, constituye un virtual regalo para la ciudad, por $ 60 millones para obras de infraestructura. Un regalo real a todo efecto, por $ 30 millones, y virtual en los $ 30 millones restantes, por la bajísima tasa de interés y porque el capital se devuelve dentro de siete años.

Se trata del convenio suscripto en 2010 entre el gobierno provincial y el intendente Giacomino, encuadrado dentro de la ley provincial 9740, que prevé la creación de un Fondo Provincial para Obras Públicas de Infraestructura Municipal y Comunal.

El 50% de este fondo lo otorga la Provincia a título graciable (sin devolución) y la parte restante casi: los municipios (varias ciudades se encentran aludidas) deben devolver el capital recién a los 7 años en una sola cuota que se debitará de la coparticipación.

Los intereses, en cambio, deben pagarse en cuotas semestrales, también debitables de la coparticipación, a una tasa “nominal” del 12,375% anual. “Nominal” porque al ser el monto total de $ 60 millones, la tasa por la mitad reintegrable de esa suma pasa a convertirse en 6,19%. Un verdadero regalo con una inflación que orilla el 25% anual y tasas activas del sistema bancario en niveles siderales.

El proyecto tiene despacho de la comisión de Hacienda que preside el giacominista Juan Manuel Rodríguez, y debería tratarse el próximo jueves, aunque no está descontada su aprobación.

Pero aun si se aprobara, a esta administración le costará ejecutar estos gastos, que suponen concursos y licitaciones, trámites onerosos en tiempo.

Aunque con esta demora en la ejecución bloques de oposición, principalmente juecistas y vicentistas, verán cumplidas sus expectativas: achicar al máximo las posibilidades de que esta administración ejecute trabajos públicos.