Ante la Defensoría del Pueblo se vienen tramitando diversas causas relacionadas con la actual situación que se vive en el Colegio “Gobernador Juan José Silv”a, algunas iniciadas por padres, otras por alumnos y también por parte de apoderados de diversas listas de jóvenes postulantes a ocupar el -Centro de Estudiantes- de dicho colegio.

A todas las Actuaciones, el Defensor del Pueblo, Dr. José Leonardo Gialluca ordenó que con carácter de urgente se le dieran trámite para el esclarecimiento de los hechos dentro de las normativas vigentes y a fin de deslindar responsabilidades de todas las partes involucradas en los mismos, a los que calificó de lamentables.

Es por ello que se libraron los pedidos de Informes correspondientes dentro del marco de la competencia de este Organismo de la Constitución y también se presentó una solicitud formal de Intervención al Juez de Menores, ante la existencia de delitos de Acción Pública, entendiendo válida, la competencia de S.S, basas en el Artículo 26 del Código Procesal Penal de Formosa, Ley 696/86. También se fundó, dicha acción en los artículos 209, 211, 212 y 213 bis del Código Penal Argentino, referido a Instigación a cometer delitos e Intimidación Pública y otros.

Desde la Defensoría del Pueblo, se afirmó que los medios locales han hecho una profusa divulgación de estos hechos y que a 27 años de rescatada la Democracia , situaciones como las que se viven actualmente son denigrantes.

El funcionario fue firme al mencionar que todas y todos, debemos separar y no confundir, por un lado lo que constituye, un proceso electoral del Centro de Estudiantes de la Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 53 “Gdor. Juan José Silva” y en la cual dijo que es allí donde existen diversas cuestiones que deben zanjarse dentro de lo que ya se ha establecido en el Reglamento Electoral y otros elementos que hacen al mismo. Pero es de buena fe en el proceder, separar nítidamente y en forma tajante, el “otro tema”, que se vivió en el día de ayer y que fue la toma de un colegio, que se trata de un bien público, financiado con los impuestos que paga toda la población y que implica entonces una flagrante injusticia que se niegue el acceso al aula de quienes desean, por un lado aprender y estudiar, y por otro lado trabajar y enseñar. Esta última situación, es la que impulsó la presentación por ante el Juez de Menores para que, adopte las medidas con carácter urgente, y restituya la normalidad en dicha Institución Educativa.

Afirmó en la presentación, que estos son hechos inadmisibles, máxime tratándose de establecimientos educativos públicos, que exige que hagamos un análisis profundo de los factores que condicionan el extravío en la conducta de esos grupos de adolescentes, para los cuales, “autoridad es sinónimo de autoritarismo”. Hechos recientes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que parecen reflejarse en el del Colegio Gdor. Juan José Silva, avala que la toma de un edificio escolar es una norma impuesta por alumnos indisciplinados, impulsados por grupos políticos anacrónicos y cuyas consignas perimidas procuran infiltrarse en la adolescencia y juventud, puesto que son enemigos jurados de las libertades individuales, y en tal sentido, ésta Defensoría del Pueblo, en defensa de derechos consagrados constitucionalmente; diferenciará siempre bien los hechos y concurrirá a la Justicia frente a delitos de acción pública, frente a los cortes de rutas, de calles, todas estas conductas que no conocen el dialogo, en donde el Funcionario lamentó profundamente, que se produzca justamente en un colegio que fuera modelo de excelencia, no solamente a nivel educacional, sino también disciplinario y de convivencia civilizada hace poco tiempo.

Exhortó por ello que se realicen todas las denuncias que sean necesarias frente a agresiones alevosas, ataques incalificables, llegando con ellos a extremos indecorosos pues, somos los adultos los que debemos poner límites a estas situaciones, dado que las consecuencias son impredecibles para el futuro de esas vidas que no han madurado aún, y sentimos una amarga desazón puesto que se intenta por algunos, destruir deliberadamente elementos del Estado y lo que es peor, desplazar la posibilidad de alcanzar con nuestros jóvenes un futuro mejor y digno de ser vivido.

También hizo un fuerte llamado a las autoridades, a adoptar las medidas para erradicar la anarquía hoy dominante, pues nadie debe tener temor de hacer lo que la Ley ordena, y en esta “precaria edad”, los beneficios de la violencia para obtener réditos debe ser rechazada e impedida, pues se escucha invocar “los Derechos Humanos”, para muchos actos delictivos y que perjudican y dañan a toda la comunidad y que no permitiremos que se constituyan hoy en una especie de “aval o pasaporte”, que exima de culpa a quienes pretendan avasallar los derechos a la educación, a la libertad, a la justicia y también a participar en un proceso electoral conforme a las normativas imperantes.