La contratación directa de la cooperativa 1° de Mayo para la recolección de leña destinada al Plan Calor y la construcción de veredas en el centro de la ciudad demandó la erogación de $ 706.608 que la gestión de Omar Goye pagó con recursos propios, provinciales y nacionales entre abril y diciembre del año pasado.
La cooperativa recibió $207.012 por la provisión de 1859 m3 de madera para el Plan Calor y $ 499.596,88 por la construcción de 952 m2 de veredas de hormigón, 216 m2 de veredas de laja y 70 m2 de rampas vehiculares en el Hospital Zonal y distintas cuadras del área céntricas.
El vínculo formal de la cooperativa con el municipio comenzó a fines de marzo mediante una contratación directa por $ 240.000 para la extracción de leña muerta de la estancia San Ramón –autorizada por la empresa Inversiones Roland SA– destinada al plan Calor.
El contrato original quedó trunco por demoras en la provisión de materiales para el inicio de los trabajos y el pago se redujo a $ 207.012. Ese monto se repartió entre el anticipo de obra de $ 29.040 efectivizado el 23 de abril, los $161.172 abonados en dos tramos por la entrega de 1.850 m3 de leña y el subsidio de $ 16.800 que le entregó el municipio al presidente de la organización, Enrique "El Mohicano" Mansilla, y el secretario José Paredes para comprar las viandas de 35 operarios. Todos los pagos se imputaron a la partida de Plan Calor, integrada por fondos de provincia y el municipio.
En abril el Tribunal de Contralor objetó la compra directa de materiales para ese trabajo y debió soportar un agresivo reclamo de los cooperativistas, entre los que figura la contratación de un servicio de transporte para operarios que el costó $10.000 al municipio. Por entonces Goye defendió el vínculo con la 1° de Mayo destacando su encuadramiento en la resolución 3026/06 del Inaes, que habilita al Estado a contratar en forma directa a esas cooperativas.
Tras la caída del contrato de extracción de leña el Ejecutivo impulsó un acuerdo marco para el mejoramiento de veredas de organismos públicos, y los pagos comenzaron a liquidarse a nombre de la cooperativa, sin identificación de autoridades. El primero fue el anticipo de $ 6.352,50 realizado el 30 de julio, mediante la resolución 1871.
De la lectura de las resoluciones resulta llamativa la celeridad de los pagos que se efectivizaron 2 ó 3 días después de cada certificación. Sólo el penúltimo, efectuado el 16 de noviembre, exhibe una demora de casi dos meses respecto de la certificación realizada el 3 de noviembre.
Otro dato llamativo es que el último y polémico pago realizado por el municipio el 21 de diciembre –al día siguiente de los saqueos–, se autorizó mediante la resolución 3.440 que no menciona certificación alguna y se remite a la factura número 20, presentada ese mismo día por la cooperativa.
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