El intendente Gustavo Gennuso anunció que Bariloche firmará el convenio para rescindir el contrato con el gobierno nacional en relación a la ejecución de las viviendas correspondientes al plan Techo Digno, puesto en marcha durante la gestión anterior.

“El convenio estaba firmado directamente entre el gobierno nacional y los municipios pero como el gobierno actual quiere deslindar responsabilidades por las obras que no se terminaron, se hizo un nuevo acuerdo con las provincias para que el IPPV se haga cargo de los trabajos que faltan, con fondos nacionales. Está la decisión política para que las viviendas se hagan”, explicó Gennuso.

En el caso de Bariloche, son 870 viviendas. El plan de las 375 viviendas, ubicadas en las 35 hectáreas, conocidas como Altos del Este, está ejecutado en un 85%. En cambio, las 495 viviendas sólo cuentan con un 15% de ejecución. Unas 120 viviendas de este último plan están previstas también en las 35 hectáreas, y el resto, en las 26,5 hectáreas del barrio El Frutillar. Gennuso explicó que el año pasado, el gobierno nacional depositó 248 millones de pesos “para culminar las obras”.

“Sin embargo, esos eran los valores de las viviendas del año 2013. Ahora, lo que se hizo fue calcular el porcentaje de las obras que restan a los valores reales. Las casas fueron valuadas en 900 mil pesos. El viernes en la Legislatura se votó una ley que habilita a la provincia a continuar las obras con las mismas empresas que en el caso de Bariloche, son Oriente y Alusa”, añadió.

De dos fuentes diferentes, “Río Negro” pudo saber que la gestión anterior recibió entre 45 y 50 millones para financiar la construcción de viviendas y que fueron utilizados para gastos corrientes.

“Estamos evaluando, haciendo un balance y cuando firmemos el convenio, haremos el descargo correspondiente y Nación hará lo que tenga que hacer. Calculamos que este mes podrían retomarse las obras porque la idea era desembolsar los fondos rápidamente”, aseguró Gennuso.

El acuerdo del municipio y Nación establece que si “existen diferencias entre el porcentaje financiero transferido a el municipio en función a certificaciones de obra emitidas y los avances físicos reales verificados en las obras, el municipio transferirá en carácter de reintegro los importes correspondientes”.

“En caso de no ser posible el mencionado reintegro, queda a cargo de el municipio iniciar y proseguir las acciones administrativas y judiciales que pudieran corresponder para determinar la atribución de responsabilidades en un plazo no mayor a 30 días corridos”, añade el documento.

No sería el caso de Bariloche porque aquí el dinero se usó para salarios y otros gastos, no a pagar certificaciones de trabajos no realizados.