El Tribunal que lo condenó dispuso también que el uniformado quedara alojado en el penal. Ahora vendrá una demanda civil contra el Estado. La defensa apelará la sentencia. Franco Díaz fue asesinado en mayo de 2012, durante una fiesta en Godoy Cruz.
En la Primera Cámara del Crimen terminó el juicio contra Walter García, el efectivo de la Unidad Especial de Patrullaje que, en mayo de 2012, participó junto a una docena de policías en el intento de acallar los "ruidos molestos" que unos 180 jóvenes provocaban en la madrugada en una casa del barrio Palumbo de Godoy Cruz.
Entre los disparos con balas de goma, un tiro que salió de una 9 milímetros terminó con la vida de Franco Díaz (19) y le provocó heridas en la cara a una joven. Justamente ese proyectil, que quedó alojado en su rostro, fue objeto de pericias para determinar la autoría del disparo.
El fallo fue coincidente a lo solicitado por la fiscal Claudia Ríos, quien también había tenido a su cargo la investigación inicial. Esa misma condena fue solicitada durante los alegatos por la parte querellante -a cargo de Lucas Lecur y Diego Lavado-, que ahora abrirá la puerta a un reclamo contra el gobierno de la Provincia.
Tal vez lo más novedoso y que sorprendió a todos pero principalmente al imputado, fue la decisión que tomaron los jueces Julio Mila, Hugo Víctor Comeglio y Lilia Vila, cuando dejaron sentado que el policía debía ser trasladado de inmediato a la cárcel.
Así el uniformado, que había llegado a juicio con arresto domiciliario, fue alojado inmediatamente en un sector especial del penal. La medida fue contraria al pedido de la defensa, que había solicitado que en caso de que el acusado fuera condenado se mantuviera su arresto domiciliario, reclamo que había encontrado eco favorable tanto por parte de la fiscalía como de la querella.
Ante esto, los abogados defensores Carlos Reig y Guillermo Nievas aseguraron a Los Andes que una vez que se conozcan los fundamentos de la condena (que se leerán dentro de una semana) van a apelar la sentencia y la decisión de prisión inmediata que fue "agregada" por el Tribunal.
Para la familia del joven Díaz este fallo fue "justo", aunque el padre del joven reconoció que esta resolución "no me devolverá a mi hijo".
Tras la sentencia, se avecina un duro reclamo económico contra la Provincia, responsable del accionar de los miembros de la fuerza.
El caso
Franco Díaz fue asesinado en la madrugada del 5 de mayo de 2012, cuando se encontraba en una fiesta que había sido convocada por medio de las redes sociales (que juntó a casi 180 personas) en una casa de Villa Hipódromo, ubicada en la intersección de Groussac y Tomba.
Los equipos de música sobre el techo y los parlantes en el piso provocaron la reacción de los vecinos, que llamaron al 911 para denunciar los ruidos molestos. Tras eso, llegaron al lugar varias unidades -unos ocho móviles-, que fueron recibidas con piedras, palos y botellas. Hubo disparos de "postas" (balas de goma utilizadas en este tipo de conflicto), pero también hubo un tiro que salió del arma del uniformado, que se desplazaba en un móvil.
"Vi que tenía el brazo extendido y el arma en la mano", había dicho uno de los compañeros de Walter García en el debate.
La Justicia entendió que esa bala fue la que impactó en el mentón de Franco, herida que lo mató mientras era trasladado al hospital El Carmen, aunque no se pudo dar certezas de ese hecho durante el debate. Lo que sí quedó demostrado fue que el proyectil disparado por García terminó en la cara de Johana Flores, pero ella recién denunció el hecho un par de días después.
Tras el asesinato, García fue separado de la fuerza y acusado de homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por ser miembro de una fuerza (contra Díaz), en concurso con lesiones doblemente agravadas contra la joven.
Ayer el Tribunal coincidió con aquella imputación inicial y así lo condenó.
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