Después de escuchar el extenso discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Asamblea Legislativa del viernes, el gobernador José Manuel De la Sota decidió escribirle una carta en la que le reclamó federalismo y destrabar los fondos para comenzar las obras de cinco gasoductos que permitirían a unos 300 mil cordobeses disponer de gas natural. Eso, además, brindaría impulso al desarrollo y la inversión de cientos de localidades del interior.

La versión del gobierno provincial es que sólo resta un aval del Banco de la Nación y que sus autoridades quieren que se realice nuevamente el circuito administrativo que debe pasar además por el Ministerio de Economía y el Banco Central porque transcurrió demasiado tiempo (2 años) desde el visado original. El propio jefe de Gabinete, Oscar González, aseguró que había allí una traba política del gobierno de Cristina.

Sin embargo eso podría no ser del todo exacto. Es que el 20 de enero de 2011 la operación crediticia de comercio exterior entre la provincia de Córdoba y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil fue aprobada mediante una resolución por el Banco de la Nación Argentina. Poco más tarde, el trámite pasó con éxito por el Ministerio de Economía de la Nación. Fue el 4 de marzo. Y finalmente, el 19 de abril de 2011 fue aprobada por el Banco Central.

En apenas tres meses el trámite burocrático del crédito internacional cumplió su recorrido en los organismos nacionales. Pocas semanas después, el 4 de mayo, la Provincia estaba plenamente autorizada por los organismos nacionales para tomar el préstamo y poner en marcha las obras tras suscribir la escritura de cesión de la coparticipación provincial al Banco Nación, la garantía necesaria para comenzar a recibir los desembolsos. Pasaron 21 meses.

Los datos de los trámites realizados por la provincia fueron recolectados por la bancada radical en la Unicameral. Su titular, Eduardo Yuni, explicó que “entre el 4 de mayo de 2011 y el 12 de noviembre de 2012 que el gobernador envía una carta documento al Banco Nación instando la continuidad del trámite, ha sido el gobierno de la provincia el responsable de la falta de ejecución de aquella operación crediticia que estaba totalmente aprobada y fue su inacción la que suspendió la ejecución de esas obras”, aseguró el legislador riocuartense.

A partir de esta información el bloque reclamó en la Legislatura la presencia del ministro de Finanzas, Ángel Elettore, para conocer por qué permanece el crédito sin llegar.

“El gobierno debe revelar los motivos actuales del estancamiento del crédito y la verdadera naturaleza de la mentada conspiración del gobierno nacional para obstaculizar la concreción de los gasoductos”, señaló Yuni.

En total son cinco los gasoductos que están proyectados construir: Centro, Sur, Ruta 2, Norte y Este. En la región alcanzaría las localidades de Vicuña Mackenna, Villa Valeria, Del Campillo, Mattaldi, Jovita, Huinca Renancó, Villa Huidobro y Buchardo.

“Lo más grave de este asunto es que las obras de infraestructura de los gasoductos troncales estén paralizadas y que las localidades del interior sigan postergando indefinidamente su desarrollo, la radicación de industrias que agreguen valor a la materia prima de la región y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes”, remarcó Yuni.

La inversión de los gasoductos está distribuida en 830,7 millones de pesos para los del Norte y Este; y 539,8 millones para los de la Ruta 2, Centro y Sur. El préstamo cubriría el 75% del total y tiene previsto un plazo de 10 años a una tasa final del 4,05%.

La Provincia, en tanto, debe cubrir el 25% restante para lo cual destinaría 20 millones de dólares sobre los 105,5 millones que colocó en títulos de deuda en mayo de 2012.

Las obras ya licitadas, fueron adjudicadas a la UTE encabezada por la empresa brasileña Andrade Gutiérrez e integrada por las firmas locales Iecsa -una firma fundada por Macri y que luego le transfirió a su sobrino Angelo Calcaterra- y Britos. Esta última habría abandonado la UTE en los últimos meses.

Para comenzar las tareas, además, se necesitaría la aprobación del Enargas, que en al menos dos de los gasoductos estaría ya emitida: para el del Centro y el de la Ruta 2.

Si la información recolectada por el bloque radical es correcta, ¿por qué la Provincia no comenzó las obras teniendo los avales, el crédito y la habilitación del Enargas al menos en dos de los gasoductos en el primer semestre de 2011?

“Insistiremos en la presencia de los ministros que tienen la información y se encuentran obligados a suministrarla”, destacó Yuni, quien adelantó que ya tramitó reuniones con los responsables de los organismos nacionales involucrados en la operatoria a fin de conocer “la otra campana” e intentar lograr una respuesta sobre las trabas en las obras.