Luego de la conformación del Consejo de Seguridad, y consultado sobre si este tipo de medidas son la respuesta para combatir la inseguridad en la provincia, el ex magistrado consideró que "lo vengo diciendo reiteradas veces en las charlas que doy sobre seguridad: está bien y es necesario la decisión de crear una comisión. Yo hablaba de una comisión de alto nivel social representada por distintos sectores de la comunidad, inclusive por los poderes del Estado y las fuerzas vivas. Pero para esto es necesario que haya un verdadero compromiso. O sea, veo bien una comisión de seguridad porque hay un problema: una vez recuperada definitivamente la democracia en este país, se tiene temor a desarrollar una verdadera política de seguridad pública. Pareciera que quieren subordinar lo policial a lo militar y eso ya es perimido", comenzó.

En esta línea, instó a "enfrentar el tema de la seguridad pero dentro de la ley. La política debe ser la mediación entre las ideas y la realidad. Cuando hay un desajuste entre las ideas y la realidad en la construcción del bien común y en el ejercicio del gobierno, vamos mal. Creo que acá se necesitan virtudes superiores para encarar este problema, y sobre todo para quienes asumieron la responsabilidad de representar al pueblo, o sea a la gente que los votó. Entonces acá, si hay temor de desarrollar una política de seguridad, no convoquemos a un consejo o a una comisión de alto nivel, porque esta comisión tiene que presentar planes de gobierno. Primero una permanencia en el tiempo y, además del diagnóstico, planes para combatir y que haya una verdadera gestión de gobierno para enfrentar el tema de la inseguridad".

"El tema de la inseguridad se tendría que basar en tres pilares: la policía, el fuerte apoyo del Poder Judicial y el sistema carcelario. Le vamos a agregar una cuarta pata, que sería el cumplimiento de la ley", añadió García Porta.

Afuera los malos

Con respecto a las fuerzas de seguridad, estimó que "habría que hacer un cambio profundo. Primero tiene que haber una depuración: eliminar a los malos policías y valorar a los buenos policías. Para eso hay que hacer un profundo cambio de la formación en los institutos policiales, en las estructuras orgánicas y en el estilo de conducción. Con un verticalismo tan absoluto y tan profundo, la policía no puede estar totalmente alejada y excluida de la sociedad. Al policía hay que escucharlo. Si un policía llega a decir que en una seccional no tiene vehículos, ¿qué hace el poder político? Lo fulmina".

"Así como se escucha a distintos sectores, como por ejemplo el docente, sobre las necesidades y de los requerimientos para poder encarar un plan de educación, para encarar un plan de seguridad, que es responsabilidad del Estado, hay que escuchar al policía, o sea romper ese verticalismo tan acentuado, ese temor reverencial hacia el poder político de turno. Acá es necesario escuchar las necesidades de los operadores del sistema. Las falencias o las deficiencias que tienen determinadas comisarías no se pueden decir, porque si se dicen acarrean una crisis, un costo", continuó.

De esta manera, analizó que "hay que encarar con seriedad el tema de la seguridad, hay que establecer una comunicación horizontal entre municipios, comisarías, juntas vecinales, vincular las misiones de prevención y represión".

¿Cuál es el límite?, preguntó Sin Mordaza, poniendo como ejemplo lo sucedido la semana pasada en Rosario, donde a partir de los cortes de ruta por la protesta de los trabajadores de Paraná Metal se sucedieron hechos de inseguridad e incluso hubo un muerto en un accidente, ante la negativa del gobierno provincial de recurrir a la Justicia.

García Porta respondió: "Por el costo político, hay temor para ejercer una verdadera política de seguridad. Hoy cortar una calle o una ruta, no permitir la circulación del tránsito o personas es delito. Entonces, ¿qué ocurre en un país central donde pasa eso? Inmediatamente eso se tiene que solucionar".

Ante la consulta de Sin Mordaza sobre la confrontación de derechos que ocurre en estos casos, el ex magistrado dijo: "Acá hay un conflicto de bienes y cuando ocurre esto, cuando hay personas o un grupo social que no tiene trabajo o atraviesa problemas profundos, se dice que el reclamo es justo. Y claro que es justo, pero lo que no es justo es cortar un camino veinte días interrumpiendo el tránsito en rutas importantísimas del país. Entonces en ese conflicto, lo que hay que aplicar es la ley, buscar un equilibrio. Yo no digo ejercer una represión. La represión sólo se tiene que ocurrir si hay un incumplimiento de la ley. Hay enfermos que no pueden pasar y se están muriendo. Primero hay que darles una persuasión y si a través de la misma no se pueden ir, de alguna manera hay que impedir que eso ocurra, dentro del cumplimiento de la ley".

No obstante, García Porta admitió que el conflicto de Paraná Metal es grave "y uno espera que se solucione". "Pero no es culpable el pueblo o la gente que circula, en todo caso será culpable la empresa que dejó cesante a los trabajadores", aseveró.

Juzgados sobrepasados

Interpelado por el impacto de la acumulación de trabajo que tienen los juzgados a causa de la inseguridad, que en muchos casos no llegan a atender todos los casos y se liberan presos o numerosas causas 'duermen' en los cajones, José Manuel García Porta expresó que "la acumulación de trabajo no tiene ninguna incidencia en no tomar decisiones en el momento necesario. Este es otro problema: hay un cierto temor del poder judicial para actuar en estos hechos. Cuando un gobernador dice que no va a ir a la Justicia y el intendente piensa lo contrario; si acude a la Justicia tal vez existe el temor de desalojar por la fuerza por si ocurren excesos. Siempre hay que tratar de que eso no ocurra".

"Cuando digo que se debe dar un fuerte apoyo al Poder Judicial, la Policía no puede hacer nada si no tiene el marco legal que le da el juez. Ese es el problema de la Argentina, se dice que es una responsabilidad social y a la vez es responsabilidad de nadie. Entonces es tirar la pelota para un lado y para el otro", reflexionó el abogado.

Sin Mordaza preguntó si esto se arregla con plata, más recursos y educación. "El índice delictivo tiene una directa relación con el trabajo. Hay que inyectar una gran cantidad de recursos en el aparato policial y judicial. Tiene que haber un cambio de mentalidad en el ejercicio del poder y del gobierno. Se dicen muchas cosas, pero cuando la palabra no se cumple, se empobrece la cultura de una comunidad y entonces llega a una difícil comprensión entre la acción y la represión. Acá este tema se soluciona con recursos, con patrullajes de alto impacto social, mejor equipamiento, compromiso y un Poder Judicial que acompañe esto. La desocupación y la violencia tienen causas profundas, pero de alguna manera hay que encararlo. La Comisión de Seguridad es importante siempre que no sea algo decorativo. Es necesario un compromiso, la presentación de un plan de trabajo para combatir la inseguridad y que el mismo sea una política de gobierno o de Estado", concluyó