La parlamentaria también requirió a dos de esos organismos y a la Dirección General de Catastro o Información Territorial que efectúen los controles e inspecciones correspondientes con eventuales aplicaciones de sanciones previstas para infracciones a la normativa de mensuras, explotación minera y evaluación de impacto ambiental.

García Larraburu recordó que la empresa comenzó sus actividades extractivas mineras y con fines productivos de construcción de hormigón en 1996 y que dos años después se entregó a los adjudicatarios de las viviendas del Barrio 106 Viviendas sus casas, lindantes con esa cantera.

También refirió que recientemente los vecinos de ese barrio -luego de años de reclamos, de acuerdos y distintos tipos de acciones interpuestas sobre la actividad de la mencionada empresa- recurrieron a “la denuncia pública de la situación de riesgo permanente y daños que sufren cotidianamente, más los que potencialmente acechan. Entre sus denuncias figura que la empresa –Canteras Ñire- ha pasado por 17 metros (10 en la media) los límites establecidos por los mojones, socavando los taludes, con una alta exposición de riesgo ambiental y habitacional”.

Denunciaron que “las consecuencias van desde las estructurales en sus viviendas (rajaduras en paredes, imposibilidad para seguir construyendo) hasta las de contaminación auditiva y sensorial, al tener permanentes vibraciones y los ruidos asociados en sus hogares, más la exposición constante a daños potenciales.

Según detalló García Larraburu, el CODEMA resolvió mediante resolución N° 068-03 ordenar la “suspensión preventiva” de las actividades extractivas mineras o de actos que por su naturaleza pudieran modificar el estado actual de Canteras Ñire y la intimó a formalizar por escrito las evaluaciones y estudios de impacto ambiental que contemplen un plan de remediación y cierre de explotación.

“Las consecuencias de lo advertido hace varios años por el CODEMA, se manifiestan en lo que los vecinos lindantes de la cantera en cuestión han denunciado reiteradamente en los medios de comunicación ante la falta de efectiva respuesta institucional”, concluyó la legisladora.